A casi 15 años del crimen, el principal convicto federal por la conspiración para asesinar el banquero Maurice Spagnoletti presentó una apelación para revertir el veredicto de culpabilidad.

La defensa de Rolando Rivera Solís solicitó al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston que sea absuelto o, al menos, que se ordene la celebración de un nuevo juicio.

El informe de apelación radicado por la licenciada Irma R. Valldejuli, de 121 páginas, sostiene que durante el juicio no se presentó evidencia suficiente para sostener el primer cargo del pliego acusatorio, con relación a la teoría de la Fiscalía federal de que Rivera Solís participó en la conspiración de una organización narcotraficante al ejercer control sobre sus miembros “como su babalao en la religión Yoruba que practicaba”.

Asimismo, señaló que hubo insuficiencia de evidencia en el quinto cargo del pliego acusatorio para argumentar que “la participación del apelante (Rivera Solís) en la religión Yoruba” fue para usarla como “como una organización criminal para el narcotráfico y el asesinato en apoyo de actividades de extorsión, lo que finalmente condujo a la muerte de Maurice Spagnoletti”.

“La acusación contra Rolando Rivera Solís en este cargo fue que, como babalao de la religión Yoruba, ejerció control sobre sus miembros y orquestó un asesinato para beneficiar la estabilidad económica de la ‘Casa de Adoración’ de la religión Yoruba”, añadió.

Mientras, señaló que el Tribunal Federal en San Juan cometió varios errores con relación al manejo de la evidencia durante el juicio.

Indicó que, por ejemplo, se equivocó al admitir “prueba irrelevante” para el “único propósito para calentar al jurado y prejuiciar al jurado contra Rolando Rivera Solís”.

Entre esa “prueba irrelevante”, señaló fotos de un congelador en la casa de Rivera Solís con animales muertos y sangre que eran usados como parte de los rituales religiosos.

También cuestionó la descripción al jurado de “un envase con cuchillos y sangre para matar animales para usarlos” como parte de los rituales religiosos.

Asimismo, expuso como otro error la descripción presentada al jurado sobre “un encuentro sexual entre tres personas para justificar la preñez de la amante del apelante a su esposa”.

De igual forma, el informe catalogó como “equivocada” y “acumulativa” la “admisión equivocada” de muchas fotos de “cuerpos ensangrentados”, con “el único propósito de prejuiciar al jurado en contra del apelante”.

La defensa de Rivera Solís, igualmente, incluyó como un error que se mostrara la foto del cuerpo sin vida de Spagnoletti a su viuda mientras estaba sentada en el banquillo de los testigos, al argumentar que fue con la intención de “levantarle una respuesta emotiva frente al jurado y para las emociones de los jurados”.

Otro presunto error, según la defensa de Rivera Solís, fue que usaran el nombre de Nicole Muñiz, una joven inocente que falleció baleada en un intercambio de disparos entre miembros de gangas en un caso separado de 2013, un crimen “altamente publicitado en Puerto Rico”.

De la misma forma, la defensa argumentó que durante el juicio se violaron derechos constitucionales de Rivera Solís a una defensa adecuada.

Sobre este punto, el informe expuso que el Tribunal Federal en San Juan canceló una citación para que la viuda de Spagnoletti declarara como testigo de la defensa, para que hablara “sobre el estado de ánimo de su esposo antes del asesinato en relación a sus temores por descubrir el fraude de otras personas y las amenazas de muerte que había recibido”.

Además, denunció que también le cancelaron la citación de un agente del Negociado de la Policía que investigó el asesinato de Luis de la Cruz y que salió a relucir durante el juicio. Según la defensa, los hallazgos de la pesquisa del agente “van a contradecir la declaración de referencia que ofreció el testigo del Ministerio Público”.

Finalmente, el informe cuestionó la conducta de los fiscales al indicar que presentaron una pregunta “impropia” para influenciar al jurado: “Señor Amador, ¿es en contra de la ley matar a alguien para evitar enfrentar una sentencia?”.

De acuerdo con la defensa, el juez de distrito Francisco Besosa sostuvo la objeción, pero no ofreció ninguna instrucción al jurado para que no hicieran caso a la pregunta.

La otra conducta impropia que denunció fue la presentación de un testimonio sobre un supuesto rifle encontrado en la casa de Rivera Solís “sin comprobar si era real o no, posiblemente induciendo al jurado a creer que era un rifle real”.

Rivera Solís y el coacusado Yadier Serrano, alias “Motombo”, fueron sentenciados a cadena perpetua en relación al asesinato de Spagnoletti en la noche del 15 de junio de 2011.

Otros coacusados fueron sentenciados también a cumplir tiempo en prisión por cargos de narcotráfico.

El jurado encontró al coacusado Luis Carmona Bernacet, alias “Canito Cumbre”, no culpable por el asesinato de Spagnoletti, pero sí lo condenó a cadena perpetua en relación al asesinado de otra persona como parte de actividades de la organización narcotraficante.

La Fiscalía federal basó el caso en que Spagnoletti, como vicepresidente del ya desaparecido Doral Bank, realizaba recortes de gastos y había ordenado terminar el contrato con la compañía de mantenimiento San Juan Tropical, de Rivera Solís.

El Ministerio Público sostuvo que Rivera Solís y los coconspiradores usaban esa compañía como parte de sus actividades de narcotráfico. Alegó que, por esa razón, ordenó el asesinato de Spagnoletti y que Serrano supuestamente fue quien disparó.

La Fiscalía litigó el caso con prueba circunstancial debido a que nunca encontraron el arma homicida ni hubo testigos presenciales del crimen que identificaran al gatillero.

El testimonio principal fue de una exempleada de San Juan Tropical, quien declaró que uno de los coacusados, Alex Burgos Amaro, le confesó varios meses después, en diciembre de 2011, los detalles del crimen, que luego fueron recogidos en el pliego acusatorio.