Un cartero acusado por afectar la entrega de papeletas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se declaró culpable en el Tribunal Federal en San Juan.

Según documentos judiciales, Christian Benny Díaz Nieves fue uno de cuatro empleados del servicio postal que fueron arrestados en marzo del año pasado por atrasar o no entregar los documentos de la CEE para la votación especial por el Distrito 1 de San Juan, en el que resultó electo Juan Oscar Morales como senador, tras la renuncia de Henry Neumann.

Díaz Nieves aceptó culpa por uno de dos cargos que un gran jurado federal había emitido en su contra.

En una moción presentada este lunes por la Fiscalía federal, el cartero aceptó la forma en que impidió la entrega regular de las papeletas, provocando deliberadamente que se retrasaran.

El acuerdo señala que, para el 5 de agosto de 2022, Díaz Nieves trabajaba en la oficina postal de la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras, cuando se le asignó la entrega de correspondencia con las papeletas en el condominio Leopoldo Figueroa, en San Juan, conocida como una “égida” por la cantidad de adultos mayores que vive en el edificio.

Según el documento judicial, Díaz Nieves tenía que entregar allí 21 sobres a residentes de ese condominio que habían solicitado voto adelantado.

“En vez de cumplir con las regulaciones postales”, el acusado “no entregó esos 21 sobres certificados a los adultos mayores residentes y, en cambio, los escaneó (registró) con el código 56 que es equivalente a (que no había un) ‘no recipiente autorizado disponible’”, indica la alegación de culpa.

Las autoridades encontraron un patrón sospechoso al observar que no hubo un tiempo entre cada registro de “no disponible” que permitiera pensar que al menos hizo el intento de entregar los sobres.

“Todos los sobres certificados fueron escaneados con segundos de diferencia y en la misma localización, afuera del Condominio Leopoldo Figueroa”, apunta la alegación de culpa.

Añade que, incluso, el acusado registró las 21 piezas de correspondencia a los formularios que dejan los carteros en las propiedades para avisar a los recipientes que intentaron hacer la entrega, pero que no había alguien disponible para recibirla.

No obstante, según el acuerdo de culpabilidad, Díaz Nieves “no proveyó a cada residente la notificación postal regulada” de que había intentado la entrega de los sobres.

Finalmente, el documento detalla que Díaz Nieves “admite” que para esa fecha “ilegalmente atrasó la entrega de la correspondencia electoral” que le fue asignada.

El documento de alegación de culpa, sin embargo, no indica qué motivo pudo haber tenido Díaz Nieves para afectar intencionalmente la entrega de esas papeletas.

Durante la conferencia de prensa posterior a estas acusaciones, el año pasado, la Fiscalía federal dijo que no había encontrado un esfuerzo organizado entre los acusados, pese a que todos trabajaban en la misma oficina postal en la avenida 65 de Infantería. Por esta razón, los cuatro carteros fueron acusados en pliegos separados emitidos por un gran jurado.

Los otros empleados postales acusados son Johnathan David Javier Pinango, Michael Negrón Cabrera y María de Lourdes Martínez Garriga.

En una moción presentada el mes pasado, la Fiscalía federal detalló que, en la misma oficina postal y el mismo 5 de agosto de 2022, Martínez Garriga marcó dos sobres certificados con papeletas con “dirección desconocida” y otro con “dirección insuficiente”.

Asimismo, denunció que, varios días después, marcó otro sobre como que no existía la dirección que tenía. Unos días después marcó otro sobre como que tenía una “dirección desconocida”.

“Todas las direcciones colocadas en todos los sobres electorales cumplían con los requisitos y regulaciones postales”, indicó la Fiscalía federal. “Las acciones mencionadas de la acusada resultaron en el atraso de la entrega de la correspondencia. Todos las víctimas declararon que habían solicitado voto adelantado, pero que nunca recibieron los sobres electorales”.

Tras ser entrevistada, Martínez Garriga admitió que estaba asignada a la ruta de Villa Prades y que el escaneo de la correspondencia tiene que ser en el lugar donde se tiene que entregar.

A diferencia de Díaz Nieves, la acusada decidió ir a juicio. En febrero pasado, un jurado encontró culpable a Martínez Garriga por interferir en la entrega de las papeletas para las elección especial, que se llevó a cabo en septiembre de 2022.

Para la vista de sentencia, pautada para el 4 de junio, la Fiscalía federal recomendó agravantes para que sea condenada a 12 meses de prisión y tres años de libertad condicionada, denunciando a que mintió bajo juramento durante el juicio.

De acuerdo con la moción, Martínez Garriga se sentó a declarar en el juicio, el pasado 3 de febrero y alegó que había recibido instrucciones de no entregar la correspondencia cuando tuviera un formato incorrecto.

“Ella afirmó, además, durante el contrainterrogatorio, que ‘todos mis supervisores’ le dieron esa orden”, pero “cuando se le pidió que proporcionara el nombre de los supervisores que le ordenaron o instruyeron no entregar el correo, Martínez Garriga no proporcionó ningún nombre ni identificó a ninguno de los cuatro supervisores con los que trabajó durante agosto de 2022”, expuso la Fiscalía federal.

También trascendió que una “entrevista grabada de la acusada Martínez Garriga, que se presentó durante el juicio, mostró claramente que ella admitió a los agentes que sabía cómo entregar correo certificado”.

Además, el documento destacó que “un testigo separado, Rafael Soto, testificó que le dio instrucciones a Martínez-Garriga para entregar este correo electoral certificado sin importar el formato. La declaración del testigo contradijo el testimonio de Martínez Garriga”.

“Durante su testimonio, Martínez Garriga mintió sobre cuestiones materiales de este caso. Martínez Garriga testificó y negó bajo juramento haber retrasado el correo, cuando la evidencia demostró más allá de toda duda razonable que ella retrasó ilegalmente el correo electoral certificado. En virtud de su omisión de testificar verazmente sobre cuestiones materiales diseñadas para afectar sustancialmente el resultado del caso, el Ministerio Público sostiene ante esta Honorable Corte que el falso testimonio de Martínez Garriga durante el juicio justifica un ajuste ascendente de dos niveles (de agravante)”, argumentó la Fiscalía federal.

“Dados los numerosos testimonios de testigos, la prueba documental y las declaraciones grabadas en vídeo anteriores de la acusada contradicen el testimonio bajo juramento de la acusada Martínez Garriga respecto los hechos materiales sobre los que no pudo haberse equivocado o confundido. Por el contrario, el testimonio inexacto del acusado Martínez Garriga fue deliberado y falso, impidiendo y obstruyendo la justicia y resultando en perjurio”, abundó.

De otra parte, la jueza Silvia Carreño Coll estableció el 11 de junio como fecha límite para que el también cartero acusado Javier Pinango informe si hará alegación de culpa o si irá a juicio.

Con relación a Negrón Cabrera, la Fiscalía federal informó a la jueza el mes pasado que recomendará que sea enviado a un programa de desvío el Tribunal Federal.