Una de las acusadas en el caso por corrupción que involucra al exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández se declarará culpable en el Tribunal Federal en Hato Rey.

En una moción de su abogado de la defensa, Marielis Falcón Nieves informó al juez Pedro Delgado que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía federal.

Por su parte, el Ministerio Público confirmó en una moción separada que, junto con la defensa, “llegaron a un acuerdo que resolverá el caso sin la necesidad de ir a juicio”.

Las mociones no detallan en qué consiste el acuerdo al que llegaron las partes. El juez pautó la vista para alegación de culpa para el 28 de mayo en el Tribunal Federal en Hato Rey.

Con el cambio de alegación quedó sin efecto el nuevo juicio que Falcón Nieves iba a enfrentar a partir de este lunes, luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston dejara sin efecto el veredicto de culpabilidad que conllevó una sentencia de tres años y medio en prisión.

Junto con su hermana Ivelisse, Falcón Nieves fue encontrada culpable en octubre de 2016 por un cargo de extorsión mediante el miedo a sufrir daño económico.

Según la acusación, Marielis Falcón Nieves supuestamente se confabuló con su hermana, entonces vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para extorsionar al contratista Ramón Crespo, quien también alegó haber hecho pagos a Hernández.

Luego de un largo proceso de apelación, Boston dejó sin efecto los veredictos de culpabilidad contra ambas. Para algunos de los cargos, revocó las convicciones al encontrar que no hubo evidencia “suficiente” para sostenerlas.

Mientras, anuló las convicciones de los demás cargos por entender que fue un error del Tribunal de Distrito no haberles permitido tener un juicio por separado. En relación a estos cargos anulados, la fiscalía federal le informó a El Nuevo Día en aquel momento que los procesará en un nuevo juicio.

Desde entonces continuó el litigio con antelación a juicio en el Tribunal Federal en Hato Rey, hasta la semana pasada, cuando surgió el anuncio de la solicitud para alegación de culpabilidad de Marielis Falcón Nieves.

Todavía queda pendiente el nuevo juicio contra su hermana, quien solicitó a principios de este año la desestimación de un cargo en su contra, por doble exposición, lo que fue denegado por el juez.

La acusación alegó un presunto esquema de venta de influencias que creó Hernández para obtener contratos en la Cámara de Representantes, la AAA y en la Administración de Derecho Laboral (ADL), en una conspiración en la que supuestamente participaron las hermanas Falcón Nieves, según los cargos.

De acuerdo con los archivos de El Nuevo Día, con relación a la cobertura del juicio, la Fiscalía federal vinculó los depósitos en efectivo en las cuentas de las hermanas Falcón Nieves con los pagos que un contratista alegó haber hecho por extorsión como parte del esquema creado por Hernández.

La fiscalía federal convenció al jurado que Marielis Falcón Nieves sacó ventaja de la posición de su hermana en la AAA. Según el testimonio del excontratista de la AAA, las hermanas Falcón Nieves le procesaron facturas pendientes a cambio de un 10% del monto.

Antes de emitir la sentencia, el juez recordó que durante el juicio Crespo declaró que después de completar un trabajo en el área del apartamento que tenía en Caguas, le iba a entregar la factura cuando Falcón le preguntó cuánto AAA le debía.

“Crespo dijo que eran cerca de $20,000 y Falcón hizo una llamada para saber si el cheque de Crespo se podía enviar. Cuando esto pasó, le dijo que no podía cobrarle debido a la gestión que ella había hecho por él”, recordó el juez.

“Cuando esto pasó, pensó que estaba ‘chavao’ porque si alguien tenía el poder de emitir un cheque en cinco minutos, también tenía el poder para detenerlo”, añadió Delgado, quien abundó que tiempo después de ese incidente, Crespo volvió a encontrarse con Falcón, quien supuestamente lo invitó a seguir con la misma relación, por lo que “Crespo declaró que llegó a pagarle más de $100,000″.

En diciembre de 2020, un panel de Boston revirtió el veredicto de culpabilidad y sentencia de nueve años contra la coacusada, Sally López, quien fungía como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL).

Boston determinó también que debió haber tenido un juicio por separado, por lo que ordenó que se llevara a cabo de nuevo. Pero, las partes llegaron a un acuerdo para declararse culpable por uno de los seis cargos y cumplió el tiempo que ya había servido en prisión.

La Fiscalía federal también retiró los cargos contra otro de los acusados que enfrentaba dos cargos.