La exsenadora fue sentenciada a seis meses de probatoria. Así reaccionó su abogado y el fiscal Ramón Mendoza.

La exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD) Mari Tere González fue sentenciada, este jueves, a una probatoria de seis meses, tras declararse culpable por 12 cargos menos grave como parte de un preacuerdo con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

De esta forma, cerró el proceso judicial contra González, acusada, en 2017, por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por falsedad ideológica y perjurio, así como posesión y traspaso de información falsa, por presuntamente recibir pagos del convicto exrecaudador del PPD Anaudi Hernández para saldar deudas de campaña.

Como parte del acuerdo, la ahora convicta también reembolsó mediante cheque la cantidad de $15,000 para “contribuir a los gastos que ha conllevado su procesamiento”, según la Opfei.

La jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, también ordenó a la ahora convicta que pague una multa de $100 por cada cargo, según lo dispone la Ley 183 del Código de Rentas Internas, lo que totaliza $1,200 adicionales al reembolso de $15,000.

Las condiciones especiales de probatoria incluyen un horario establecido de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. de restricción domiciliaria, con la posibilidad de excepción por estudio o trabajo, o alguna actividad religiosa. Tampoco podrá abandonar el país, o se arriesgaría a que se inicie un proceso de revocación en su contra.

González rechazó hacer expresiones a su salida de la sala judicial. Su abogado, Yuseph Lamboy, describió la resolución del caso como una “victoria”.

“Satisfecho, se reclasificaron todos los cargos graves a menos grave, no va para la cárcel, en menos de un año se borra el récord y no pasó nada acá. Lo que empezó siendo un caso de corrupción terminó siendo un caso de mera negligencia, que quede eso claro”, alegó Lamboy.

Por su parte, el fiscal Ramón Mendoza señaló que la exlegisladora se declaró culpable por cargos criminales, al tiempo que afirmó que el Ministerio Público cumplió con llevar a González ante la justicia.

“La exsenadora acaba de ser sentenciada por 12 cargos criminales de corrupción, así es la forma en que aquellos que cometen delitos de corrupción deben pagar ante el pueblo de Puerto Rico... Lo que es cierto es que son delitos de corrupción, si son menos graves o no, son delitos de corrupción en o relacionados con corrupción pública”, aclaró.

A mediados de febrero pasado, la Opfei informó que llegó a un preacuerdo con la exlegisladora popular, quien acordó hacer alegación de culpabilidad por 12 cargos reclasificados en violación al artículo 12 del Código Penal de Puerto Rico.

A cada uno de los cargos corresponde una sentencia suspendida –probatoria– de seis meses, pero que serán cumplidos de manera concurrente.

González junto a su abogado, Yuseph Lamboy.
González junto a su abogado, Yuseph Lamboy. (David Villafañe Ramos)

En 2016 la exsenadora por el distrito de Mayagüez fue una de las testigos en el proceso federal por un esquema de fraude que enfrentó Hernández. En ese momento, González se acogió a su derecho a no autoincriminarse para no contestar preguntas sobre un pago de $2,000 que le hizo el exrecaudador del PPD.

La radicación original por la Opfei en 2017 incluyó 13 cargos, de los cuales fue desestimado uno por supuestamente ayudar a la confirmación de la exfuncionaria Sally López Martínez –convicta a nivel federal– como directora de la Administración de Desarrollo Laboral para el beneficio de Hernández.

En declaraciones escritas emitidas después de salir del tribunal, la exsenadora expresó: “Hoy se cierra un capítulo de cinco años de muchas lecciones de vida y de un aprendizaje único e incalculable, que es indescriptible con palabras”.

“Estoy profundamente agradecida de Dios ante todo que sabe hacer las cosas, de mi familia y la extendida también, de mi esposo y de la comunidad que me conoce muy bien y siempre ha creído en mí. Hay demasiada ganancia en mi vida y estoy en paz haciendo lo que sé y lo que Dios me permite hacer y así seguiré siempre”, concluyó.

¿Quién es Mari Tere González?

González, quien fue senadora por el distrito de Mayagüez entre 2013 y 2016 y optó por no buscar la reelección, se desempeña actualmente como directora del Departamento de Acción Comunal del Municipio de Arecibo, con un salario de $3,400 mensuales.

“Dicha plaza es una de confianza y su salario es el mismo que tenía la persona que ocupó la posición en la administración anterior”, expresó nuevo alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, en una entrevista previa con El Nuevo Día el 10 de febrero del año pasado.

En una biografía no oficial se indica que trabajó como mediadora de conflictos y oficial examinadora del Departamento de Educación en el Programa de Educación Especial. La también abogada laboró como oficial jurídico en la Legislatura Municipal de Mayagüez y dirigió la oficina del exrepresentante Ferdinand Pérez cuando este se desempeñó como vicepresidente de la Cámara.

Las controversias de González comenzaron en 2016, cuando en medio del juicio por corrupción contra Hernández surgió –y así constó en una bitácora propiedad del exrecaudador del PPD– que ella no reportó en sus informes financieros rendidos ante la Oficina del Contralor Electoral un donativo de $2,000 que recibió de Hernández, lo que constituye la presentación de un informe falso.

Al ser confrontada en el juicio sobre este dato, González invocó su derecho a no autoincriminarse.

Para ese entonces, ya había trascendido que Hernández le había pagado a González un trabajo de imprenta. En 2018, Hernández testificó en una vista preliminar que le había entregado $2,000 a González y que le pagó un trabajo de entre $300 y $400 en la imprenta.

Foto de archivo del 6 de marzo de 2017, cuando la exsenadora Mari Tere González salió libre bajo fianza luego de que se le encontrara causa para arresto por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Foto de archivo del 6 de marzo de 2017, cuando la exsenadora Mari Tere González salió libre bajo fianza luego de que se le encontrara causa para arresto por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. (Archivo)

En 2016, el excontralor electoral Manuel Torres relató a El Nuevo Día cómo González tuvo que enmendar diez informes que presentó luego de que se le hicieran señalamientos por no tener un registro para donaciones, desembolsos, facturas y suplidores. Igualmente, no se depositaron $4,720 en recaudados, se hicieron depósitos fuera del tiempo establecido por ley y no identificó a 17 donantes.

Adicional a la alegación de que ejerció presión por la confirmación de López Martínez como directora de la Administración de Derecho Laboral, González presuntamente también llamó al entonces presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, para que nombrara a Sonia Barreto como jefa de la Oficina de Compras y Logística de la corporación pública.

Ambas mujeres fueron nombradas, aunque la defensa de González argumentó que su clienta no tenía el poder para influenciar en esos nombramientos.

Supuestamente, a cambio, González vivió tres años sin pagar renta en un apartamento en Aguadilla del oncólogo Rolando Jiménez, aunque le habría mentido a Ética Gubernamental al asegurar en documentos que pagaba por la renta del apartamento. Ese acuerdo fue alcanzado con Jiménez, según el gobierno, a través de la mediación de un socio de Hernández.

Según alegó el licenciado Lamboy en febrero, quedó demostrado que su clienta sí pagó por el apartamento.

El periodista Javier Colón Dávila colaboró en esta historia.

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