Carlos Severino y Uroyoán Walker Ramos (teresa.canino@gfrmedia.com)
Carlos Severino, exrector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y Uroyoán Walker Ramos, expresidente de la institución universitaria del País (teresa.canino@gfrmedia.com)

El presidente del Comité de Personal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 2015 catalogó hoy, martes, como “ilegales” los procesos para otorgarle una beca presidencial a Carlos Pagán Cuevas, exasistente del expresidente de la institución universitaria Antonio García Padilla.

Luis Enrique Rodríguez Rivera, quien ya había participado entre 2009 y 2010 en la evaluación de un candidato para esta subvención, testificó ante el juez Aldo González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien preside el juicio por derecho contra Uroyoán Walker Ramos, expresidente de la UPR, y Carlos Severino, exrector del Recinto de Río Piedras, por alegadas irregularidades en la otorgación de tres becas presidenciales.

El también profesor mencionó durante su testimonio que García Padilla, hermano del exgobernador Alejandro García Padilla, habría presionado a la administración del sistema universitario del país para que le otorgaran una beca presidencial a Pagán Cuevas.

Rodríguez Rivera contó que, tras enterarse de la otorgación de esta beca presidencial, que incluiría una plaza como bibliotecario en la Escuela de Derecho, cuestionó en varias ocasiones a la entonces decana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, por no haber consultado a la facultad.

“El 10 de febrero de 2016, en una reunión de la facultad, en mi informe de Comité, les digo la justificación de la doctora Ríos de por qué se estaba insistiendo en ese proceso. Ella dijo que había muchas presiones de arriba. Al nosotros preguntar de quién, porque teníamos que informar a la facultad, ella dijo de una persona poderosa. Finalmente, ella menciona el nombre de Tony (Antonio García Padilla). Le digo que Derecho no va a aceptar eso”, narró el catedrático.

El testigo reiteró en varias ocasiones que no se había seguido “el proceso reglamentario para hacer un nombramiento” y que se había incumplido el reglamento general.

Incluso, Rodríguez Rivera aseguró haberle advertido a la decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera, que renunciaría a su cargo si el proceso para otorgarle la plaza a Pagán Cuevas seguía su curso.

“Le comuniqué a la decana que no iba a participar de ese proceso y que si iban a continuar yo iba a renunciar como presidente del Comité... Yo he estado en servicio público y nunca he dejado que me impongan cosas que son ilegales”, expresó.

Aparece una plaza para Derecho

La primera vez que el testigo tuvo conocimiento de la reanudación de las becas presidenciales fue en “los primeros meses” del año académico 2015-2016 cuando un compañero del Senado Académico le cuestionó si conocía que se las habían concedido a dos estudiantes de Derecho: Pagán Cuevas y a Arturo Ríos Escribano, exasesor en asuntos públicos del exgobernador García Padilla.

“En esos días le pregunté a la decana si había una plaza o un compromiso para los becados, pero ella dijo que desconocía, que nunca le habían preguntado y que ella no había participado”, rememoró.

Entonces, para la primera semana de noviembre de 2015 fue convocado a un taller en el Centro de Excelencia Académica, citado por Palmira Ríos, sobre capacitación de convocatorias para llenar plazas en la UPR, ya que se avecinaba el año electoral.

“Había unas 25 plazas que el presidente había otorgado al Recinto de Río Piedras, aunque la decana de Derecho me había comentado que no le había tocado ninguna”, testificó.

En esa reunión Ríos fue cuestionada sobre la otorgación de las becas a los dos estudiantes de derecho, pero, según Rodríguez Rivera, la decana indicó que “ese proceso se trabajó desde Presidencia y ella desconocía”.

Posterior a la reunión, el testigo se reunió con Ríos y ella le habría manifestado que estaba “frustrada por el proceso de las becas presidenciales con Ríos Escribano y Pagán Cuevas por la relación que tenían con el gobernador y el hermano”. Además, le indicaría que las plazas no serían destinadas a la Escuela de Derecho.

Sin embargo, a principios de febrero de 2016, la decana Neptune Rivera le mostró a Rodríguez Rivera una carta de Ríos en la que le concedía una plaza de bibliotecario a la Escuela de Derecho, “que era condicionada a la beca presidencial y solicitaba que se iniciara el proceso de convocatoria”.

Al día siguiente, Neptune Rivera recibiría una segunda misiva en la que eliminaba el proceso de convocatoria.

“Se estaba imponiendo (una plaza)”, aseguró el testigo.

Posteriormente, el rector Severino celebró una reunión extraordinaria con la facultad de la escuela de Derecho para explicar lo que estaba sucediendo.

“(Dijo) que él no tenía control de las becas presidenciales... Dijo que él no recomendó (a Pagán Cuevas), que lo que hizo fue pasar una comunicación por conducto y eso cambió los ánimos en la reunión. Que se había trabajado en presidencia, que él no tuvo nada que ver, pero el reglamento requiere recomendación del rector. El rector dijo que no dio una recomendación, que fue por conducto. Y cuando le preguntaron cómo había llegado, él dijo: ‘De por ahí’”, narró el profesor.

Los abogados de la defensa —José Andreu Fuentes (Walker Ramos) y Frank Torres Viada (Severino)— decidieron no hacer un contrainterrogatorio.

El expresidente de la UPR enfrenta dos cargos por infracción al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe que un servidor público utilice las facultades de su cargo para beneficiarse a él o a terceros, por las becas otorgadas a Pagán Cuevas y a Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina de Jorge Sánchez, expresidente de la Junta de Gobierno del primer centro docente del País.

Walker Ramos, además, está acusado de dos cargos por malversación de fondos y uno por incumplimiento del deber, ambos bajo el Código Penal.

Mientras, Severino enfrenta dos cargos por infracción al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, por las becas de Pagán Cuevas y Sánchez Sepúlveda, así como dos cargos por intervención indebida en las operaciones gubernamentales y uno por incumplimiento del deber, ambos del Código Penal.

“Presiones” y “Un bochinche de la Escuela de Derecho”

Al salir de la sala, la fiscal Zulma Fúster, del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), y quien lleva el caso junto a Leticia Pabón, catalogó al testigo como un conocedor de la UPR y de los procesos.

“Fue testigo de que estos procesos se llevaron fuera de todas las leyes y reglamentos vigentes en ese momento. Y de forma ilegal”, sostuvo.

Asimismo, resaltó la figura de Antonio García Padilla en la declaración de Rodríguez Rivera.

“En todos estos procesos irregulares están subyacentes unas presiones externas y que esas presiones externas fueron las que llevaron a que estos funcionarios obraran fuera de la ley y los reglamentos. Eso es lo que la prueba ha demostrado”, dijo.

El Ministerio Público había anunciado cerca de 20 testigos, pero las fiscales descartaron sentarlos a todos. Hasta ahora, en el banco de los testigos se han sentado: Neptune Rivera; Carlos Díaz Olivo e Hiram Meléndez Juarbe, profesores de la Escuela de Derecho; y Ríos.

Fúster estima que entre esta semana o la que viene podría estar culminando el juicio.

Por su parte, el abogado de Severino, Torres Viada, despachó el testimonio de Rodríguez Rivera como “un bochinche de la Escuela de Derecho”.

Para el licenciado, el testigo es lo que se conoce como una prueba acumulativa y así se lo indicaron al juez en varias ocasiones, por lo que para él la prueba es “impertinente”.

“Las acusaciones en estos casos a ambos imputados tienen que ver con el otorgamiento de unas becas presidenciales. Esos hechos ocurrieron en un periodo bien específico y bien determinado en el año 2015. Los elementos mentales que pudieran ser propio a la formación del delito se limitan a ese periodo de tiempo. Los fiscales, en la medida que no existe prueba para sustentar los delitos, han tirado una especie de bola de humo y han convertido el caso, no en uno de las becas presidenciales, sino en uno de controversias legales de la concesión de una plaza y unas objeciones de profesores y profesoras de la Escuela de Derecho”, mencionó el abogado fuera de sala.

Es por esto que, para Torres Viada, los testimonios que se han presentado hasta ahora “no tienen nada que ver con este caso”.

“La prueba que ha desfilado aquí lo que sugeriría es que este caso se trata de una especie de bochinche o chisme de pasillo de la Escuela de Derecho... Esa prueba es de unos profesores que quieren imponer su criterio de cómo deben hacerse las cosas en su opinión, pero que no eran rectores, ni presidentes, ni fueron partes de los procesos... Raya incluso y tiene que ver con la soberbia y la arrogancia intelectual de un grupo de profesores que quieren imponer su criterio por encima de los criterios de sus superiores”, añadió.

Además, dijo que Severino le otorgó la plaza de bibliotecario a Pagán Cuevas porque la decana de la Escuela de Derecho la había requerido, para cumplir con la agencia acreditadora.

“¿Saben por qué protestó la facultad? Porque ya tenían un candidato. A pesar de que abrieron el proceso a convocatoria, no llenaron la plaza desde 2015 hasta 2019. ¿Usted sabe a quién se la dieron? A un señor que se llama Samuel Serrano que ya era bibliotecario por contrato y aguantaron el proceso para darle oportunidad a que terminara su juris doctor porque era un requisito de la plaza”, alegó.

El juicio continuará mañana, miércoles, a las 2:00 de la tarde, con la declaración de la testigo Delia Camacho.

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