El magistrado federal Marshal Morgan mantuvo la orden para que el reguetonero Ángel Javier Avilés Monzón, conocido como “Yovngchimi” en el ambiente de música urbana, siga ingresado en prisión hasta el juicio.

En una extensa orden, Morgan expresó múltiples razones contundentes por las que considera que el intérprete representa “un peligro para la comunidad”, a base de la evidencia presentada por la Fiscalía federal.

Se trató del segundo revés de Avilés Monzón en su intento de salir bajo fianza, luego de que otro magistrado, Bruce McGiverin, llegara a la misma conclusión.

Después de que la defensa intentara revertir la determinación de McGiverin, presentando varios argumentos y aludiendo a donaciones a entidades benéficas, Morgan concluyó que “la prueba de la detención por motivos de peligrosidad es una evidencia clara y convincente”.

Haciendo referencia a la presentación del Ministerio Público, Morgan encontró que “ha demostrado con pruebas claras y convincentes que el acusado seguía poseyendo armas de fuego y armas automáticas mientras se encontraba bajo supervisión en su caso estatal”.

De acuerdo con la orden judicial, Avilés Monzón fue convicto en un caso de drogas, pero no cumplió cárcel al acogerse a un programa de desvío durante dos años.

Morgan anotó que, sin embargo, violó las condiciones de ese programa al incurrir en la conducta criminal que alega el pliego acusatorio federal, por supuesta posesión ilegal de armas en dos ocasiones: en junio y agosto de 2024. También se alega que, en una de esas fechas, violó el horario permitido para estar fuera de su residencia.

Incluso, en la orden aparecen publicadas varias fotos de la prueba de la Fiscalía federal, indicando que se ve a Yovngchimi en posesión de armas. También citaron conversaciones de WhatsApp en las que este indica tener el arma de otra persona.

Morgan dijo que el acusado “ha demostrado su incapacidad, o al menos su renuencia, a acatar las condiciones impuestas por el tribunal. Además, se considera que su conducta en Internet demuestra su estado mental extremadamente peligroso y su disposición a causar el mayor daño posible a terceros”.

“No me conmueven los millones de dólares que el acusado afirma haber ganado como reguetonero, y menos aún la afirmación del abogado de que, desde su arresto en este caso, ha donado cientos de miles de dólares a organizaciones benéficas para niños en Puerto Rico”, comentó el magistrado.

“Dichas donaciones no pueden comprar su libertad ni anular la evidencia clara y convincente que demuestra el peligro significativo que representa para la comunidad en general”, agregó.

“En efecto, el hecho de que ganara tanto dinero ejerciendo una profesión en la que sin duda destaca, y el hecho de que eso no lo disuadiera de participar en un comportamiento tan violento y agresivo, me convence de que no hay condiciones que el Tribunal pueda imponer que protejan, ni siquiera marginalmente, la seguridad de la comunidad”, continúa el texto.

Morgan tampoco encontró mérito en la alegación del abogado de que la conducta mostrada por su cliente se trataba solamente de una actuación relacionada con la “personalidad que se espera de los artistas en su profesión”.

El magistrado expresó que “el acusado comprendió las reglas cuando se le permitió participar en un programa de rehabilitación en el caso del tribunal estatal” y “decidió violar las condiciones de dicho programa bajo su propio riesgo”.

“De hecho, dado el argumento del abogado y el aparente historial del acusado, parece existir una forma de pensar contradictoria: que su participación en el oscuro mundo criminal de las drogas y las armas automáticas, de alguna manera, fortalecerá su reputación en la comunidad reggaetonera. En tal caso, el acusado debe comprender que tal razonamiento conlleva graves riesgos y consecuencias”, señaló el juez.

El togado manifestó que, siguiendo los estatutos federales, Avilés Monzón “es precisamente el tipo de acusado que el Congreso tenía en mente cuando promulgó la Ley de Reforma de la Fianza para abordar a aquellos individuos que, en virtud de su conducta, representan un peligro tan significativo para la comunidad que ninguna condición o combinación de condiciones de liberación puede garantizar razonablemente la seguridad pública”.

“Por esa razón, y por las razones expuestas anteriormente, considero que ninguna de la información citada por el acusado constituye información nueva que justifique la reapertura de su vista de fianza”, apuntó.

“Además, incluso si considerara que parte o toda esa información pudiera considerarse nueva, dada la afirmación del Ministerio Público sobre el peligro que el acusado representa para la comunidad, considero que ninguna de la información presentada por el acusado es relevante para la cuestión fundamental de si el acusado representa un peligro para la comunidad”, añadió.