

El gobernador Pedro Pierluisi, que acudió a la primera reunión del año de la Junta de Control Fiscal, alegó que no sabía, hasta que llegó allí, que el Departamento de Educación continuaba pagando salarios a empleados que están inactivos —algunos irrevocablemente inactivos, porque están muertos—, ni tampoco sabía que la Junta, poniéndose los pantalones, había determinado retener $30 millones de la nómina de esa agencia. Se trata de fondos federales que se derrocharon como si, en vez de depositarse en transferencias bancarias, se hubieran dado en las matas.
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