Tácticas electoreras (pesca de votos), ignorancia y nulo sentido de la responsabilidad. Todas las anteriores, y el juego de influencias entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, han provocado una de las movidas más arriesgadas que se le puede ocurrir al gobierno en este momento: radicarle seis demandas a la Junta de Control Fiscal.

¿Perdieron la cabeza o están jugando a qué?

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, no bien terminó su intervención en la audiencia que organizó Raúl Grijalva, a quien le queda grande la presidencia de ese Comité de Recursos Naturales de la Cámara estadounidense, fue para La Fortaleza y salió con la noticia de que habían radicado nuevos recursos legales contra la Junta, porque esta se muestra “obstinada en inmiscuirse en asuntos de política pública”.

Pero, ¿cómo no se va a inmiscuir, si el desorden financiero de Puerto Rico borbotea precisamente en los chanchullos y baches de la política pública?

Si legislan leyes que van a vulnerar los ajustes fiscales y las políticas de austeridad que ya se han establecido, lo normal es que la Junta se las eche para atrás.

Entonces, sospecho que desde el Senado le mandan a la gobernadora un bosquejo de las demandas, y ella, toda obediente, dispara sin ponerse a pensar que en sus últimas comparecencias la jueza Laura Taylor Swain ha endurecido el tono.

Además, esas demandas tocan los mismos temas que ya se decidieron anteriormente en favor de la Junta. Lo único que logran es que los abogados de ambas partes empiecen a facturar y hagan fiesta.

Aparte de ganar tiempo de cara a las primarias y las elecciones generales de noviembre, ¿cuál es el objetivo de seguir ese camino de confrontación en el que no tienen la más mínima oportunidad de prevalecer?

En todo caso, paradójicamente, sería catastrófico que prevalecieran.

Hace dos semanas, en la sala de la jueza Swain, las aseguradoras de bonos municipales, muy presionadas por los oscuros augurios en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, volvieron a insistir en que levantaran la suspensión de litigios en Puerto Rico. Los abogados de la Junta Fiscal se plantaron firmes en que ese campo estaba ocupado por la Ley Promesa.

¿Qué pasaría si los miembros de la Junta, ni siquiera los miembros actuales, sino los que va a nombrar el presidente Trump cuando se ponga a eso, deciden que hasta aquí llegamos? En otras palabras, deciden que en vista de que el gobierno no está colaborando, y todo es demora, posposición y trampa, ellos entregan la plaza y le piden formalmente a la jueza que levante la veda.

Levantar la veda es como decir: arréglenselas como puedan. Búsquense la vida. Entiéndanselas ustedes con los acreedores más agresivos. Y los más agresivos son esas aseguradoras de bonos municipales y los “hedge funds”. De ahí al embargo solo media un paso. ¿Alguien se acuerda de cuando los acreedores de la deuda de Argentina embargaron por allá por Ghana un buque escuela como forma de pago?

Aquí no hay buques, pero en los bancos está guardado el dinero del fisco. Y, como he dicho infinidad de veces, no hay un solo banco en Puerto Rico que se atreva a desobedecer las órdenes de embargo que le dirija un tribunal estadounidense.

Cómo es posible que al hablar este pasado viernes de las seis demandas radicadas a la Junta Fiscal, en un jueguito electorero barato, al que se le ven todas las costuras, el director de Aafaf se haya atrevido a decir que “pese a este recurso legal, el gobierno de Wanda Vázquez continuará trabajando mano a mano con la Junta”.

¿Estamos bien de la cabeza? ¿Cómo el gobierno de Vázquez Garced va a trabajar mano a mano con un organismo al que le ha sonado seis demandas?

Y lo increíble es que las demandas contienen los mismos argumentos que ya se han debatido una y otra vez, y que una y otra vez han sido rechazados por los tribunales.

Todavía no han comprendido. Pocos lo comprenden. No hay modo de que Puerto Rico sea parte de un sistema financiero global, si no pone en orden esta casa de terror de Halloween.

El Congreso no tiene la menor intención de revertir o enmendar al gusto de los políticos locales la Ley Promesa. Lo dije en mi podcast del pasado viernes: el congresista Grijalva le está tomando el pelo a mucha gente aquí. Y con gusto se lo dejan tomar, porque conviene de cara a unos comicios que ya no son, ni van a ser en mucho tiempo, lo que fueron hace cuatro años.

Esa es la nueva realidad, como la nueva normalidad del COVID.

Resulta penoso que, a espaldas del país, porque ni políticos ni economistas hablan claro, nos estemos acercando a un agujero tan negro y vertiginoso.

En mi opinión, la gobernadora se está dejando manipular desde la Legislatura, donde hay gente muy desesperada porque la influencia y el poder de antaño se les escapa de las manos.

La oposición, los partidos emergentes, los que pontifican en absoluta negación, están hundiéndonos y ese hundimiento, por ahora, es casi invisible.

Cuando se haga carne es que vamos a caer en tiempo.