Leo Aldridge

Punto de Vista

Por Leo Aldridge
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Carga onerosa para los abogados

El Estado jamás intentaría exigirle a un panadero regalar su pan. Tampoco a un mecánico a dejar de cobrar por el arreglo de una transmisión. Ni tan siquiera podría forzar a un ingeniero estructural a trabajar gratis inspeccionando las estructuras afectadas por los recientes sismos. Pero las cortes de Puerto Rico pretenden, en cambio, obligar a los abogados a que regalen su trabajo.

Sería maravilloso que el panadero regalara su pan a quien no tiene qué comer, y que el mecánico ayude a alguien que depende de la transportación de su carrito, y obviamente aplaudiríamos al ingeniero que inspecciona una escuela afectada de forma gratuita. Casos como estos se dan todos los días, nos hacen mejores personas y fortalecen nuestra fibra como sociedad y como país. Pero todos esos ejemplos tienen en común que el acto nace voluntariamente, a base de la conciencia social y de la solidaridad con el prójimo, mas no de una exigencia adicional del omnipresente gobierno.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico – que gobierna las vidas profesionales de los abogados – promulgó un reglamento que coloca en el abogado individual la responsabilidad de proveer servicios legales fundamentales a personas de escasos recursos. El fin último que persigue el Tribunal Supremo – servicios legales para los pobres – es loable. Pero el enfoque de cómo conseguirlo es equivocado, pues las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos establecen que será el Estado con sus múltiples recursos – no un abogado individual con sus limitaciones – quien garantizará esos derechos básicos. Pretender pasarle la papa caliente a un abogado individual de una tarea ingente como esa, y para colmo no compensarle adecuadamente, vulnera conceptos de justicia básicos no solo para quien provee el servicio sino, más preocupante aún, para quien lo recibe.

Por eso el Colegio de Abogados abandonó su histórica reticencia al tribunal federal y demandó en ese foro a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). La demanda del Colegio, actualmente ante la consideración del juez federal William Young del distrito de Massachussetts, subraya que no se puede privar a nadie de su propiedad privada ni su trabajo sin justa compensación.

Los abogados de Puerto Rico no necesitan la carga onerosa que significa el nuevo reglamento del Tribunal Supremo por varias razones. En primer lugar, según un estudio de Microjuris, tres de cada cinco abogados ya proveen servicios legales gratuitos – o pro bono – a las personas necesitadas sin que sea necesaria la amenaza suprema de expulsión de la profesión por incumplimiento. En segundo lugar, la situación económica en la Isla ha afectado a todas las profesiones, incluyendo el campo legal, y por ello puede resultar asfixiante para un abogado verse forzado a atender un litigio complejo sin la compensación justa que la Constitución garantiza. Y, en tercer lugar, no es apropiado que el Supremo releveal Estado de su responsabilidad de darle acceso a la justicia a los pobres y pretenda, en vez, poner sobre los hombros de un abogado esa gigantesca tarea.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha modelado muchos de sus casos recientes fundamentándose en los dictámenes de la Corte Suprema federal. Deben también seguir, entonces, el sistema federal en el que se le provee representación legal gratuita a los indigentes que enfrentan procesamientos criminales. El tribunal federal selecciona un grupo de abogados competentes y les asigna casos criminales. Provee una compensación fija y competitiva que le permite a los abogados dedicarse de lleno a sus clientes indigentes sin sufrir consecuencias económicas nefastas en sus prácticas privadas, como en ocasiones sucede en el campo estatal cuando se le asignan a un abogado varios casos de oficio sin justa paga.

Los jueces de Puerto Rico recientemente reclamaron un aumento salarial debido a lo que tildaron como un sueldo poco competitivo. Justificaron su solicitud al señalar que existe un sobrante de dinero en la Rama Judicial. Si es así, y existe la intención genuina de fomentar servicios legales adecuados a los más necesitados, debe eliminarse el reglamento de abogados de oficio y, en su lugar, establecerse un panel de letrados competentes que sean compensados justamente por sus servicios legales a los más pobres.

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