José Aponte Hernández

Tribuna Invitada

Por José Aponte Hernández
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¿Cuándo van a aprender?

Las leyes se aprueban para que sean cumplidas, por eso cuentan con un marco de acción que permite su implementación efectiva y la disciplina que se requiere para hacerlas cumplir. La situación que estamos viviendo, sobre todo lo que se relaciona a este caso de corrupción pública que involucra al empresario Anaudi Hernández, así como a varias figuras importantes en el gobierno, y las ramificaciones del mismo, es sumamente lamentable y demuestra que hay muchos que todavía no han aprendido la lección: uno entra al servicio público para servirle al pueblo, no para servirse así mismo.

El veredicto de culpabilidad en contra de la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ivonne Falcón, su hermana, Mirielis, así como al exayudante del administrador de la Cámara de Representantes, Glen Rivera, y la exadministradora de la Administración de Derecho Laboral, Sally López, envía otro mensaje a quienes ven al gobierno como una fuente para enriquecerse a toda costa.

¿Cuándo van a aprender? ¿Cuántos casos más tiene que pasar por las salas judiciales para que finalmente aquellas personas inescrupulosas entiendan que el gobierno no es de ellos, es de la gente? El desenlace de este caso debe enviarles un claro y contundente mensaje a estas personas: el gobierno no está para lucrarse, esta para ayudar a los más necesitados, para asegurar nuestra salud, educación y seguridad.

Quien haya violado la ley, quebrantado esa confianza, debe rendir por sus actos.

Nadie se debe alegrar de todo esto, pues el desenlace de este caso afecta, no solo a los imputados y sus familias, sino también al pueblo de Puerto Rico. Nuestro pueblo espera y merece tener a servicios públicos dedicados a proveerle los mejores servicios posibles.

La inmensa mayoría de los empleados de gobierno dedican cuerpo y alma a sus trabajos, dando, en muchos casos, más de lo requerido sin pensar en alguna remuneración adicional. Nuestros maestros, policías, enfermeras, doctores, trabajadores sociales, y demás trabajadores públicos hoy se sienten defraudados por esta acción de corrupción. Así también se siente nuestra ciudadanía.

Este veredicto lacera la imagen que tiene el pueblo en sus gobernantes y reafirma un grado de cinismo que ya existe en nuestra gente relacionado a la función pública. El reto que tenemos todos, como servidores públicos que siempre hemos puesto el bienestar de nuestra gente sobre cualquier otra consideración, es devolverle al pueblo la confianza en la función pública.

No existe ninguna acción más gratificante que ayudar al prójimo desinteresadamente, oportunidad que el servicio público ofrece.  Esto no se puede manchar por las acciones de unos pocos. La confianza del soberano, el pueblo, es indispensable para la gobernanza, no podemos permitir que acciones como este socaven la misma.

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