Antonio Weiss

Punto de vista

Por Antonio Weiss
💬 0

El acuerdo de deuda de Puerto Rico no deja margen de error

Desmond Lachman, miembro residente del American Enterprise Institute; y Brad W. Setser, miembro senior de Economía Internacional del Consejo de Relaciones Exteriores, son coautores de esta columna. La misma fue publicada originalmente por Bloomberg el 15 de octubre de 2019.

La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico ha presentado una propuesta de reestructuración de deuda que, si es aprobada por la jueza de distrito Laura Taylor Swain, le permitiría al territorio salir de la quiebra. La propuesta permite hacer más sostenible la deuda de la isla e incluye las protecciones necesarias a las pensiones y los empleados públicos. No obstante, más allá de las potenciales quejas de los bonistas, no deja margen de error. Tampoco exime al Congreso de su responsabilidad de apoyar la recuperación económica de la isla.

Antes del propuesto plan de reestructuración de deuda, Puerto Rico tenía aproximadamente $50,000 millones en deuda respaldada por impuestos. Eso era mucho más de lo que una isla con una economía de $70,000 millones puede pagar. El servicio anual de la deuda era más del 28% de los recaudos de Puerto Rico, más de cinco veces el promedio de los estados y el triple del promedio de los 10 estados más endeudados.

Uno de los objetivos fundamentales del plan de reducción de deuda de la Junta ha sido colocar las finanzas públicas de la isla sobre una base sostenible y asegurar que Puerto Rico no vuelva a quebrar dentro de 10 años.

Por lo tanto, su plan de reestructuración de deuda impondría recortes de 28% a 36% en los bonos de obligaciones generales y los bonos garantizados constitucionalmente que fueron emitidos antes de 2012. Recortes mayores, de hasta 87%, serían aplicados a los bonos subordinados y a bonos emitidos después de 2011 que están siendo retados como inconstitucionales, porque al ser emitidos violaron los límites de deuda que fija la Constitución. Esto reduciría a la mitad la deuda respaldada por impuestos de Puerto Rico, de $50,000 millones a $25,000 millones, y mantendría el servicio de deuda anual del territorio en poco menos de $1,500 millones, o aproximadamente el 9% de los recaudos del gobierno, de acuerdo con su definición más amplia.

Efectuar pagos anticipados por los nuevos bonos para mantener sin cambios el perfil general del servicio de deuda aliviaría parte del daño causado por el agudo aumento en los pagos que se acordó como parte de la reestructuración previa de los bonos respaldados por el impuesto a las ventas. Dada la enorme incertidumbre que rodea la trayectoria económica de Puerto Rico, mantener sin cambios ese perfil del servicio de deuda es esencial.

El plan de reestructuración también incluye acuerdos importantes sobre las pensiones y los empleados públicos. A diferencia de una quiebra tradicional bajo el Capítulo 9, la ley federal que facilitó la reestructuración de la deuda de la isla requiere que Puerto Rico provea los fondos adecuados para los sistemas públicos de pensiones. Las pensiones de los empleados públicos son fuentes críticas de seguridad financiera para el 25% de las familias de la isla y sostienen la salud a largo plazo de la economía local. Como parte de la reestructuración, los beneficios de pensiones se pagarían antes que el servicio de la deuda, se establecería un fondo de reserva de pensiones y las reducciones de beneficios se limitarían a no más del 8.5%, solamente para aquellos cuyos beneficios mensuales de retiro excedan los $1,200. El acuerdo con los empleados públicos mantiene las provisiones de negociación colectiva, restaura ciertos beneficios y provee bonos adelantados y potenciales.

Dicho eso, la reestructuración podría no ser suficiente para reducir la carga de la deuda de la isla. Después de las reducciones propuestas, Puerto Rico tendrá una deuda per cápita de más de $7,000, muy superior al promedio de deuda per cápita de $5,000 de los cinco estados más endeudados de Estados Unidos (Connecticut, Massachusetts, Hawái, Nueva Jersey y Nueva York, en orden descendente), todos los cuales tienen niveles de ingreso mucho mayores que Puerto Rico. De manera destacada, la deuda post-reestructuración de Puerto Rico sería mucho mayor que la del estado más pobre, Mississippi, que tiene aproximadamente la misma población de Puerto Rico y el doble de su ingreso promedio.

Habrá poco espacio para la complacencia, tanto para el gobierno local de Puerto Rico como para el gobierno federal. Aun antes del huracán María, existían serias dudas sobre la capacidad de la isla para salir por sí misma de su continua declinación económica. Luego de una recuperación inicial de la contracción inmediata post-María, la economía se ha detenido. Las medidas de austeridad representarán un sostenido viento en contra. Y eso sin hablar del potencial de otro huracán devastador – cuyas probabilidades aumentan con el cambio climático, y que la infraestructura de la isla aún no está preparada para enfrentar.

También hay un riesgo significativo de que los recaudos del gobierno declinen de sus niveles actuales. No se puede contar con los recaudos corporativos que se les cobran a las compañías farmacéuticas que se han relocalizado desde el continente, especialmente desde que el Servicio de Rentas Internas juzgó que el impuesto de la llamada Ley 154 ya no es acreditable contra el pago de impuestos corporativos federales. El apoyo federal de reconstrucción que hoy alienta la economía de Puerto Rico comenzará a agotarse después de 2023, y en ese momento una nueva caída económica es una clara posibilidad.

Más aun, la merma de la población de Puerto Rico limitará su capacidad para hacerle frente a una deuda pesada -una fuerza trabajadora reducida hace más difícil salir de la deuda.

Por estas razones, la propuesta reducción de deuda debe ser vista solamente como el primer paso de un programa más amplio que aún se necesita para restaurar la economía y las finanzas públicas de Puerto Rico – un esfuerzo que incluirá de todo, desde una aceleración de las ayudas para reconstrucción hasta una expansión de los fondos federales para salud. No menos necesaria, aunque más retante políticamente, es la solución del status colonial de la isla.

Sin embargo, al menos por ahora, una reestructuración exitosa debería eliminar cualquier preocupación de que los fondos federales para la recuperación fluirán, en cambio, hacia el pago de deuda. Eso le debería facilitar al Congreso la tarea de hacer lo necesario para apoyar a los 3.2 millones de habitantes de Puerto Rico, ayudándolos a elevar sus estándares de vida al mismo nivel de sus conciudadanos estadounidenses en los 50 estados.

Otras columnas de Antonio Weiss

💬Ver 0 comentarios