Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Hora de tomar decisiones sobre nuestra infraestructura

Posiblemente, por una combinación de causas divinas y naturales, nunca sabremos, el temido huracán Irma pasó lo suficientemente lejos y nos salvamos de un impacto directo y devastador como lamentablemente les pasó a otras islas hermanas en el Caribe. Tristemente, San Martín y Barbuda, fueron devastadas casi en su totalidad.

En Puerto Rico, al momento de escribir este artículo, había un millón de personas sin energía y se reportaba que centros comerciales, e importantes centros de producción aún no tenían energía. Se estima también que hay 400,000 abonados sin agua.

Claramente, pudo haber sido peor y los efectos sobre la frágil infraestructura de energía, pudieron haber sido devastadores, si el huracán Irma nos hubiera impactado de forma directa con sus vientos de 180 millas por hora. Lo ocurrido nos debe obligar a pensar en el estado de vulnerabilidad en el que está Puerto Rico, ante la debilidad de su infraestructura básica y la insolvencia de sus utilidades públicas.

Luego de tomar prestado $30,000 millones en deuda pública, entre el 2006 y el 2014, es necesario preguntar por qué la infraestructura está en el actual estado tan frágil. ¿A dónde fueron todos esos recursos?

La situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), coloca a la Isla en una posición muy vulnerable en el caso de un evento catastrófico.

De hecho, dos de esas corporaciones, la AEE y la ACT, están ya dentro del Título III de la ley PROMESA, en un proceso de reestructuración similar a una quiebra. El acceso a financiamiento es limitado por no decir inexistente, y eso tiene consecuencias adversas sobre el proceso de recuperación de la infraestructura de la isla.

En el caso de la AEE, la infraestructura de producción de energía está en su peor momento, debido a la falta de mantenimiento y de personal crítico de esa corporación. Los propios directivos de la AEE han manifestado que una cantidad considerable de empleados claves del área de producción se ha ido de la AEE, lo que dificulta el mantenimiento necesario del sistema. Entre el 2009 y el 2014, la AEE tomó $3,000 millones en emisiones de bonos, y el dinero nunca se usó para las mejoras capitales.

Los empleados que se han quedado laborando en la maltrecha AEE, han estado laborando como héroes para reestablecer el sistema energético.

Sin embargo, la inyección de dinero para mejorar la infraestructura está sujeta a los acuerdos entre el gobierno y los acreedores en el tribunal, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal, (JSF) ya ha planteado públicamente que no ve otro futuro para la AEE que no sea la privatización completa de la producción de energía. La ruta que se escoja tiene que asegurar que se logre modernizar la actual estructura de producción y lograr tarifas competitivas.

En el caso del agua, la AAA, aunque no está en tal mal estado financiero como la AEE, requiere cerca de $900 millones para financiar su programa de mejores capitales, algo que dependerá del acceso al mercado y de los efectos del Plan Fiscal aprobado por la JSF. Todavía el país recuerda el trauma que provocó la sequía durante el verano del 2015, por el estado crítico de los embalses y las represas, inhabilitadas por el sedimento acumulado. Actualmente, la gerencia de la AAA ya anunció un aumento en las tarifas como parte de su proceso de saneamiento fiscal.

En algún momento, esta corporación tendrá que introducir profundas reformas operacionales, y viabilizar un nuevo modelo de negocios que la haga costo-eficiente y le permita entrar en la modernidad.

Mientras que la Autoridad de Carreteras (AC), ya en proceso de implosión fiscal, no ve otra ruta que agilizar procesos de alianzas público-privadas, para que empresas privadas puedan adquirir la operación, y mejorar las autopistas que quedan en manos del estado y que están en un estado pésimo. Un cabo suelto, para el que no veo solución es el Tren Urbano, que deja pérdidas millonarias.

El modelo más reciente de privatización fue la PR-22 a manos de una empresa multinacional, provee un buen marco de referencia de este modelo para replicar esta experiencia y tener autopistas de primer orden. La PR-52, (autopista de San Juan a Ponce) está en un estado pésimo, y es incierto si la ACT tendrá los recursos para hacer las millonarias mejoras que esta necesita. Bajo el escenario de que el Puerto de las Américas se vuelva operacional, será importante tener una autopista en buen estado que conecte a Ponce con San Juan.

Gracias a Dios, hoy Puerto Rico no está completamente destruido, pero debemos reflexionar y comenzar a poner en marcha las reformas necesarias, que permitan la inversión necesaria para modernizar la infraestructura clave para la recuperación económica de la isla.

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