Jorge Schmidt Nieto

Punto de vista

Por Jorge Schmidt Nieto
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La informalidad en el gobierno de Wanda Vázquez

Reina la informalidad en la gestión de gobierno. Ahora, en lugar de vetar el nuevo Código Electoral, la gobernadora le solicitó al presidente del Senado “devolver el proyecto de la reforma electoral para que se enmiende el mismo”. Eso es un veto, señora. El proyecto se aprobó en ambas cámaras y lo recibió La Fortaleza oficialmente. El tiempo de la negociación había acabado. En ese momento tenía tres opciones, de acuerdo con el Artículo 3 de la Constitución que ella ha jurado defender, varias veces. Podía firmarla y convertirla en ley. También podía vetarla y devolverla a la cámara de origen con sus objeciones. Finalmente podía no hacer nada, en cuyo caso se convertiría en ley automáticamente al cabo de diez días. Sin embargo, optó por una cuarta opción, menos formal, más personal.

Esa informalidad del gobierno permitió que un grupo de conspiradores estuviera a punto de defraudar al Departamento de Salud por $38 millones. También abrió el espacio para que políticos intervinieran indebidamente en los procesos de repartición de suministros para damnificados de los temblores, obviando los procedimientos preestablecidos.

Hasta en el tema de las peleas de gallo, a las que posiblemente la gobernadora no es precisamente aficionada, la posición de su gobierno fue desacatar informalmente una ley federal, convertida en letra muerta para obtener ganancias políticas.

Todo el manejo del COVID-19 ha sido informal. La Constitución establece claramente que solo la Asamblea Legislativa, por vía de una ley, puede suspender los derechos civiles. Aquí se hizo y se continúa haciendo por órdenes ejecutivas. El estado de emergencia debió haberse dado por leyes que indicaran su alcance específico. En su defecto, se ha dado por decisiones unilaterales de la gobernadora, quien, además, cambia sus decisiones informalmente, como fue el caso del toque de queda y los alcaldes.

Muchas decisiones y ejecutorias importantes se dan informalmente. Así se puede gobernar a la medida, sin seguir los procedimientos. Para ser un país donde sus políticos se jactan de venerar la ley y el orden, se siguen poco las reglas.

Un efecto de la informalidad es que les da más poder a las personas que a las instituciones. Pero no nos gobiernan ángeles, como señaló James Madison, así que necesitamos un gobierno con reglas y controles. La informalidad abre las puertas a la corrupción porque reduce la transparencia, lo que seduce a muchos a aprovecharse de la oscuridad del ojo público. No permite que el gobierno persiga el bien común, sino que favorece a quienes tienen acceso a esas instituciones y procesos paralelos. La informalidad reemplaza los procesos objetivos por el personalismo, el discrimen y el partidismo político. No puede haber resultados positivos en un ambiente como ese.

Todas las autoridades federales que evalúan a las agencias del gobierno de Puerto Rico dicen lo mismo, que no se siguen los procesos. Esa falta de apego a las reglas ha servido de excusa para menospreciarnos en el desembolso de ayudas por desastres. Es hora de eliminar la informalidad del gobierno y dotarlo de disciplina.

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