Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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La última es-cena

La fotografía del domingo 16 en El Nuevo Día no puede ser más reveladora. No lo vean como un sacrilegio, pero sugiero que si hubiera estado al alcance de Da Vinci, habría producido otra obra maestra. Como la que se exhibe en el Cenáculo Milano. Búsquenla quienes no la hayan advertido.

Se ven ocho personas (no las bíblicas 12) ocupando sus asientos ante una larga mesa. Siete se notan eufóricas, manos arriba y en pleno y gozoso ejercicio de la autoridad de “mando y ordeno”. La cuarta persona desde la izquierda se mantiene estática, absorta, mirando a la mesa (que le impide que la mirada llegue al piso), su mano izquierda presionando los labios. Podría estar preguntándose: “¿qué hago aquí?”.

La cosa no es para tomarse livianamente: la figura silente del grupo representa –bueno, representaba hasta septiembre pasado– la institución de la gobernación de Puerto Rico. Ya no.

Desde hace un mes esa representación la tienen esas siete figuras. Son los nuevos encargados del presupuesto y de las finanzas del territorio estadounidense en el Caribe, que es como decir, de toda la operación gubernamental. Porque, es de general conocimiento que en el gobierno ninguna obra se realiza, ningún servicio se presta, ningún equipo se adquiere, si antes no se hace una asignación de fondos que, hasta septiembre pasado, estaba a cargo de la agencia pública correspondiente, y era (por disposición de la sección 4 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado) facultad última del gobernador aprobar la asignación. La referida disposición constitucional ponía sobre el gobernador desde 1952 la autoridad para “[s]ancionar o desaprobar, con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa”. Desde septiembre es letra muerta, como le confirmaron los siete el viernes 14 pasado al hombre al medio de la mesa.

En la segunda reunión de la junta federal con autoridad exclusiva para controlar las finanzas del gobierno puertorriqueño, quedó derogada, para todos los efectos prácticos, esa disposición constitucional. Ahora esa facultad es de los siete: a partir del día 30 de este mes, el gobernador de Puerto Rico, el de ahora, el que inaugure en enero del año próximo, y así por al menos los de los próximos 10 años, deberán presentar a los miembros de la junta informes financieros semanales y mensuales sobre el estado de las finanzas territoriales. Hasta 1953 esos informes se presentaban periódicamente por el gobierno de Estados Unidos a las Naciones Unidas. Una resolución minoritaria del organismo mundial eximió aquel año a Estados Unidos de continuar rindiéndolos. Desde septiembre, volvimos sobre esos pasos.

En efecto, la Legislatura puertorriqueña quedó simultáneamente con menos poderes –para no decir con ninguno– que los pocos que tenía bajo la ley Foraker; entonces, las leyes que aprobara la Cámara de Representantes compuesta por puertorriqueños elegidos por el pueblo eran susceptibles de ser vetadas por el Consejo Ejecutivo de designación presidencial y mayoría de estadounidenses residentes en el continente; por el gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos, o por el Congreso.

Desde septiembre, no será el gobernador elegido quien vete proyectos de la Asamblea Legislativa elegida por el pueblo. La ley Promesa es clara y directa: dice taxativamente que el gobernador no podrá someter a la Asamblea Legislativa el plan fiscal anual, sin que antes sea aprobado por los siete con las manos arriba. Más: una vez ratificado por la Asamblea Legislativa, el proyecto fiscal no será ley hasta volver a ser revisado y aprobado previamente por los siete.

Menos mal que el gobernador García Padilla descartó haberse sentido incómodo por tener que rendir cuentas sobre el estado de las finanzas del territorio, no a la Asamblea Legislativa, como le ordena también la sección 4 del Artículo IV de la Constitución, sino a siete personas nombradas entre el Congreso y el presidente de Estados Unidos. Dijo el gobernador al concluir su rendición de cuentas: “No me sentí rindiendo cuentas. Me sentí presentando un plan fiscal. Menos mal.

Vuelvo a la foto. Es la foto de la última es-cena.

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