Brenda Torres Barreto

Punto de Vista

Por Brenda Torres Barreto
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Los ecosistemas son fundamentales para la resiliencia

El 16% del territorio de Puerto Rico está categorizado como área natural protegida. Tanto el gobierno central como entes privados manejan y co-manejan estas áreas. Esta porción de tierras rinde un servicio ecosistémico cuyo valor está aún por calcular. Entre los servicios que nos proveen las áreas naturales protegidas se encuentra el amortiguamiento de desastres naturales.

Hace 22 años visité el Bosque Seco de Guánica para evaluar su suelo con colegas científicos. Recorrer la única Reserva Biosférica Internacional en Puerto Rico, que alberga más de 500 especies de plantas y más de un centenar de especies de vida silvestre, fue una experiencia que marcó mi vida profesional y personal. Su extensión territorial de 11,000 cuerdas, desde Guánica hasta Ponce, ocho millas náuticas marinas y 13 millas de costa amarra un ecosistema único en el mundo. Su designación como reserva por las Naciones Unidas consigna su valor.

Pero no siempre lo hemos apreciado. Allí, en pleno litoral costero, una extensa zona industrial sustituyó mangles y secó terrenos de mar. La acción respondió a la noción de progreso de entonces, centrada en petroquímicas. Por eso parte de nuestra infraestructura eléctrica ubica en la región, como la generadora Costa Sur.

Si el impacto de los temblores ha sido grande hasta ahora, imagine sus dimensiones si aquellas industrias operaran hoy. Ahora, imagine que el bosque en Guánica hubiese sido suelo de residencias y comercios. O que el ecosistema de La Parquera tuviese la densidad poblacional de la región metropolitana de San Juan.

Estos ecosistemas han resguardado la salud y seguridad de la población y los recursos asociados. Lo vemos tras cada evento natural. La Reserva Natural Ciénaga Las Cucharillas en Cataño, el humedal de mayor extensión territorial en la región metropolitana, sirvió como infraestructura pluvial y sanitaria tras el huracán María. Igual función cumplió el Bosque de Piñones, que comprende una tercera parte de los bosques de mangle protegidos en Puerto Rico. Si el afán urbanista hubiese convertido a Loíza en una extensión de Condado e Isla Verde, la vulnerabilidad de la isla y del Estuario de San Juan se hubiese multiplicado.

Por esto es imperativo que en la ecuación para lograr alcanzar la resiliencia de Puerto Rico se incluyan los servicios ecosistémicos que proveen estas áreas naturales protegidas. Es necesario, además, analizar el beneficio económico de áreas verdes y abiertas aún por conservar.

Desde el 7 de enero, espacios abiertos como lotes vacíos, parques de pelota y estacionamientos han servido de refugio para miles de familias buscando seguridad. El valor que le asigna un científico y el aprecio que hoy tiene la ciudadanía a estos espacios debe ser complementado con el análisis de política pública y el desarrollo de medidas legislativas que incentiven su protección.

Los gobierno central y municipal deben acoger las recomendaciones de científicos locales y el llamado de organizaciones como Para la Naturaleza de incrementar el porcentaje de áreas naturales protegidas a un 33%.

El espacio que ocupa la naturaleza como solución ante nuestra realidad de isla caribeña es inmenso y debe ser reconocido.

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