Carlos E. Díaz Olivo

Punto de vista

Por Carlos E. Díaz Olivo
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Los empresarios también votan

La clase emprendedora es objeto simultáneo de admiración y menosprecio en el mundo entero. Los ciudadanos que se dedican con éxito a la actividad comercial y financiera suelen convertirse en celebridades que captan la atención popular. Algunos son modelos a emular para muchos. A la vez, esas figuras suelen ser objeto de crítica severa, caricaturización y hasta de persecución política.

La actitud hostil que ciertos sectores manifiestan hacia la clase empresarial es, en cierta medida, respuesta legítima a patrones de abusos y explotación que a través de la historia personas pertenecientes a ese sector han perpetuado. Pues, según es peligroso y dado a los excesos la concentración de poder político en una o pocas personas, lo mismo ocurre con el acaparamiento de la riqueza en unos pocos. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja.

Sin el espíritu, la creatividad y el dinamismo de los emprendedores, jamás serían posibles los niveles de progreso que ha alcanzado la humanidad. Igualmente, los excesos y la corrupción, que han estado presentes en la conducta de otros componentes importantes de la sociedad, como los políticos, religiosos y gremios laborales.

En el caso de Puerto Rico, la situación del sector empresarial es peor, sobre todo si es local, pues a la de origen externo se le dispensa mejor trato y se le brinda todo tipo de incentivo. Al emprendedor local se le maltrata y persigue despiadadamente. Comenzado con la política contributiva, que se altera prácticamente cada año, para imponerle nuevos tributos y para ampliar sus obligaciones en calidad de agente no compensado del Departamento de Hacienda, para que se ocupe de efectuar retenciones y fiscalizar la responsabilidad contributiva de sus clientes y empleados.

Para añadir más angustia a los emprendedores locales, particularmente a los más pequeños, el Estado ha hecho uso de la emergencia de la pandemia del COVID-19 con el fin de expandir su persecución y maltrato al sector. En el proceso de reapertura se promueve un trato desigual e irracional. Así, permiten operar a unos, pero a otros no, aunque estén en igual o incluso mejor situación. Además, a esto hay que añadir los desembolsos necesarios para adoptar medidas de protecciones sanitarias, las cuales incrementan sus costos operacionales justo cuando los ingresos se han reducido.

Pero el colmo han sido los operativos, con ribetes de espectáculo cinematográfico, desarrollados por la Policía y los departamentos de Hacienda y del Trabajo, supuestamente para fiscalizar el cumplimiento de la orden ejecutiva dictada por la gobernadora. Funcionarios de estas agencias, en un despliegue innecesario y abusivo de fuerza, interrumpen ruidosamente en la ya delicada situación operacional del sector para dificultársela más. Los tratan cual si fueran delincuentes peligrosos en la comisión de una vil fechoría. Una vez en su local, le requieren planillas y todo tipo de documento de resguardo contributivo, acto que no puede describirse de otra manera que no sea como uno de total desenfoque e insensibilidad, pues nada tiene que ver con la emergencia del COVID-19.

El Estado tiene todo el derecho y, aun más, la obligación de velar por el cumplimiento de la ley. Además, tiene la responsabilidad de asegurar la salud de todos los ciudadanos. Pero ello puede y debe hacerse con recato y de manera menos estridente e invasiva sobre la ya difícil operación comercial. Más que perseguir y poner en riesgo la propia sobrevivencia del sector, el Estado debe orientar y guiar con prudencia a los emprendedores, así como a todos los sectores que configuran nuestra sociedad. De esta forma, en coordinación y acción solidaria, sobrellevaremos con éxito la crisis sanitaria.

Sin embargo, el Estado, según su patrón histórico, ha optado por patear, una vez más, al emprendedor local. Es claro que desvaloriza su aportación social y económica. Resulta irónico e inconcebible tal proceder ahora cuando, quizás más que nunca antes, Puerto Rico necesita de una base nativa empresarial que sirva de avanzada para el desarrollo de una nueva economía que nos permita salir de la crisis fiscal y presupuestaria. Pero, si al Estado nada de esto le importa, que recuerde que los empresarios también votan y también lo hacen sus familiares, amigos y miles de patrocinadores leales y agradecidos de su aportación social.

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