Ramón Cruz

Tribuna Invitada

Por Ramón Cruz
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Playuela, protestas y permisos

“Esos ambientalistas se oponen a todo”. Frase simple y común en el Capitolio o mesas corporativas sin un análisis de porqué existe tal oposición.  Es sencillo: mientras sigan sobrepasando procesos y cocinando proyectos “chanchulleaos”, lo único que le queda a la ciudadanía es protestar. Y, ahora, ¡hasta eso quieren quitar! 

Si los desarrolladores y el gobierno incluyeran a los líderes de la sociedad civil y comunidades aledañas al momento de planificar proyectos, en vez de cuando todo está cocinado, se ahorraría mucho dinero y malos ratos.    

Playuela, en Aguadilla, es el último capítulo de esta lucha eterna.  El asunto principal es que se pretende construir un proyecto con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada hace 20 años.  Esto es un disparate; es como hacer un negocio de “beepers” o “videocassettes” en nuestro mundo de “smartphones” y “streaming”. 

Incluso, si el proyecto propuesto fuera el mismo que el original, el entorno en el que se evalúa una DIA no lo es.  Piensen cómo ha cambiado el tránsito en la zona o el suministro de agua y electricidad en esta región en las últimas dos décadas.  Se analiza un proyecto como si no hubiese nada alrededor y luego nos quejamos del tapón o cuando no llega el agua o la luz. Todo esto está relacionado. Por lo tanto, una nueva DIA hubiese sido la mejor estrategia.

Hay que analizar cuán provechosos son para la economía los megaproyectos turísticos con su promesa de traer “empleos”.  Estos gozan de un 90% de exención contributiva y, encima, es el gobierno el que corre con los gastos de proveer la infraestructura necesaria, o sea, de asegurar que al proyecto llegue agua, luz y carreteras. Aunque no es el caso de Playuela, muchos de estos megaproyectos son de capital extranjero y traen su propia gerencia. Entonces, lo que le dan al país a cambio de estas inversiones públicas son unos empleos que pagan el mínimo y algunas patentes municipales. 

No digo que no sean necesarios estos proyectos para la economía, pero los políticos incentivan megaproyectos visibles y no apoyan proyectos turísticos de menor escala que tienen un impacto mayor per cápita en las economías locales.

Tras este telón, la Cámara de Representantes discute esta semana enmendar la Ley de Permisos de forma alarmante para la ciudadanía.  Las enmiendas propuestas cambian la consulta de ubicación de la Junta de Planificación a la OGPe, una agencia sin personal técnico especializado.  También eliminan el carácter vinculante de los comentarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) o la Junta de Calidad Ambiental (JCA). O sea, sería como si estas agencias fuesen a una vista pública opinar, pero sin que les hagan caso. ¿Suena familiar? 

Las enmiendas indican que la revisión judicial de un proyecto solo podrá comenzar cuando se obtengan los permisos y no tras el endoso inicial para una DIA. Es decir, solo puedes intervenir en los tribunales cuando el proyecto esté “planchao”. ¿Es esto eficiente para los inversionistas o la ciudadanía?  La ley también impone los honorarios de abogado de todas las partes a los demandantes, como si, de antemano, se entendiera su reclamo como uno frívolo.  Esto impediría que una comunidad sin recursos económicos defienda sus intereses. 

Estas enmiendas son una vergüenza para un país que se piensa democrático, pero con una clase política que le hace el trabajo sucio a los intereses privados a expensas de sus ciudadanos. ¡¿Qué bonito?!   

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