Carlos Iván Gorrín Peralta

Tribuna Invitada

Por Carlos Iván Gorrín Peralta
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Rosselló y el posible residenciamiento

Los coautores de esta columna son los abogados Eduardo Villanueva Muñoz, Yanira Reyes Gil y Carlos Iván Gorrín Peralta.     

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, como parte de su función histórica de orientar al país en torno a asuntos importantes que afectan a la ciudadanía, ha rendido un informe que analiza la posibilidad de que la Cámara de Representantes inicie un proceso de residenciamiento del gobernador de Puerto Rico. La Constitución le encomienda a la Asamblea Legislativa la facultad y la responsabilidad de fiscalizar a la rama ejecutiva, y cuando sea necesario, iniciar procesos incluso de separación del gobernador de su cargo si incurre en traición, soborno, otros delitos graves u delitos menos graves que impliquen depravación. 

Luego de la investigación que debe realizar la Cámara de Representantes, mediante votación de dos tercios del cuerpo se puede formular acusación para que entonces el Senado la considere y determine con tres cuartas partes de sus miembros si debe separarse al gobernador del cargo que ocupa. 

El informe concluye que hay base suficiente para iniciar el proceso de residenciamiento. El análisis del chat revela la posible comisión de varios delitos por parte del gobernador. A continuación se presenta un resumen del informe.

La participación reiterada en el del Lic. Elías Sánchez en el chat con anuencia del gobernador, plantea la posibilidad de haber obtenido información que pueda beneficiarle a él o a sus clientes, en violación a los artículos 251, 252, 254 y 250 del Código Penal sobre enriquecimiento injusto, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales,  enriquecimiento ilícito.

La expresión de uno de los participantes, en relación con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, de estar “salivando por caerle a tiros” puede constituir violación a los artículos177, 245 y 242a del Código Penal sobre amenaza, emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública, o incitación a violencia.

La conversación, que incluyó al gobernador, sobre sustituir, con alguien del partido de gobierno, a la esposa del senador Juan Dalmau del cargo que ha ocupado durante años en una agencia, plantea un claro discrimen por ideas políticas y la posibilidad de violación al artículo 167 del Código Penal sobre recopilación ilegal de información personal para discriminar contra una persona en el empleo.                        

La conversación para “marcar” al señor Arnaldo Claudio, monitor de la corte federal para supervisar las reformas a la Policía, plantea la posibilidad de haberse configurado violaciones los artículos 246 y 284 del Código Penal: resistencia y obstrucción a la autoridad pública por impedir el cumplimiento de obligaciones; y conspiración contra un funcionario en el ejercicio de las responsabilidades asignadas a su cargo.

El artículo 244 del Código Penal tipifica como delito entrar en un convenio o acuerdo para cometer un delito, aunque dicho delito nunca se concrete, si hay un plan para ejecutarlo. La existencia de delitos por algunos de los participantes en el chat abre la posibilidad de que los demás hayan incurrido en el delito de conspiración. Las repetidas incursiones en la reputación e intimidad de diversas personas sobre las que conversan los participantes del chat, podrían constituir violaciones a una ley federal, 18 U.S.C. 241, que prohíbe conspirar para perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho garantizado por la Constitución y leyes de los Estados Unidos, o haber ejercitado dicho derecho. La participación del gobernador en estas conversaciones, permite concluir razonablemente, que ha incurrido en este delito mediante los insultos a la dignidad de personas a base de sus ideas políticas, su sexo o su orientación sexual.

Otros posibles delitos analizados en el informe son la malversación de fondos públicos (artículo 264 del Código Penal) así como violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, que prohíben  que un funcionario público use su cargo o fondos públicos para obtener para sí o para una persona o negocio, beneficios no permitidos por ley.

El informe concluye que las conductas y omisiones del señor Ricardo Rosselló en el chat con los demás participantes pueden constituir delitos graves y menos graves que implican depravación. Por tanto, hay base suficiente para que la Cámara de Representantes inicie el proceso de residenciamiento, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de su responsabilidad constitucional e histórica.

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