Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Ruta equivocada en la CEE

La Comisión Estatal de Elecciones, ese apetecible pastel que los partidos tradicionales diseñaron para sí mismos y controlan cuatrienio tras cuatrienio, demuestra cada día más que no es el instrumento adecuado para administrar los procesos electorales del País.

El caso del ‘chat electoral’, que le costó la efímera presidencia de la CEE y el escaño judicial al juez superior Rafael Ramos Sáenz y provocó el desmantelamiento del centro de mando de La Fortaleza, es el mejor ejemplo de cuán apetecible políticamente es el organismo.

De ese escándalo se derivan las pesquisas del Senado y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el desempeño en la CEE del hijo de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos.

Lo que ambos casos demuestran es el nivel al que ha llegado la politiquería en el organismo electoral, que ha perdido toda credibilidad y necesita ser implosionado. Investigarlos, y llegar al fondo en ambos, es esencial, pero no suficiente como para salvar a la CEE.

Las circunstancias actuales hacen que muchos se pregunten inclusive si vale la pena reformar el sistema electoral para elegir a unos gobernantes a los cuales va quedando cada vez menos espacio para gobernar.

La ley Promesa y su brazo operacional, la Junta de Supervisión Fiscal, han reemplazado en gran medida a la Constitución. La Legislatura se ha convertido en un mero trámite para la aprobación de medidas fiscales y hasta el presupuesto de gastos del gobierno necesita ahora el aval de la Junta para poder entrar en vigor.

Pero esa realidad política no puede ser excusa para mantener sin cambios el sistema electoral. Rescatarlo de las manos de los partidos políticos y darle transparencia es lo único que puede enderezar su rumbo.

La CEE es un batatal politiquero del que se benefician los partidos tradicionales colocando cada cual a su gente para administrar los procesos electorales, dividiéndose el pastel cuatrienio tras cuatrienio.

El caso del ‘chat’ y las pesquisas sobre la labor de Roberto Benítez Burgos como director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) del organismo electoral son la evidencia más reciente de la lucha de poder en la CEE.

En el caso del hijo de Burgos, el detonante fue el despido de la primera vicepresidenta de la CEE, María Dolores “Lolin” Santiago, por mucho tiempo mano derecha del hoy presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

Burgos y Santiago aspiraban ambas a la presidencia de la CEE tras el triunfo electoral del PNP en los comicios de 2016, pero el gobernador Ricardo Rosselló Nevares finalmente se decantó por Ramos Sáenz y el entonces magistrado, que había ascendido a juez superior apenas un mes antes, obtuvo en enero de este año el consenso de los comisionados electorales.

Entonces, la revelación de que Ramos Sáenz había consultado con allegados a Rosselló Nevares -convertidos luego en funcionarios de La Fortaleza- decisiones que le correspondían como presidente de la Junta Local de Moca de la CEE durante la campaña electoral de 2016, terminó con su presidencia y dio paso a las investigaciones que confirmaron la denuncia inicial del senador popular Aníbal José Torres.

A dónde llegarán las pesquisas actuales sobre Benítez Burgos no está claro. Pero lo que sí resulta obvio es que la politiquería ha convertido a la CEE en una hoja de ruta que solo conduce a la corrupción.

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