Héctor Luis Acevedo

Tribuna invitada

Por Héctor Luis Acevedo
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Tallando bien para la historia

“No hay libertad mientras la facultad judicial no se haya separado de la legislativa y la ejecutiva”.

Con esa cita de Montesquieu se inicia la consideración de nuestro poder judicial por los estudios previos a la Convención Constituyente de Puerto Rico. La Ley Jones de 1917 disponía en su artículo 14 que la administración judicial estaría a cargo del Procurador General de Puerto Rico.

Una de las convicciones de las esencias democráticas es limitar los poderes y su apetito ilimitado. Raras veces en la historia se ve el desprendimiento voluntario del poder por quien lo ostenta. Hay casos en que las lealtades superiores a las propias, al futuro a los principios inspiran la actuación. En ese caso se talla para la historia. Este es el caso de la administración de la justicia en la Convención Constituyente de 1951 a 1952.

El procurador general o secretario de Justicia de entonces Víctor Gutiérrez Franqui públicamente propuso desprenderse de ese poder por entender que debilitaba la separación de poderes y creaba un problema al ser su departamento un litigante y administrador de la rama judicial al mismo tiempo.

Gutiérrez Franqui perteneció a la Comisión de la Rama Judicial que presidio don Ernesto Ramos Antonini y que contaba con la participación de José Trías Monge, Celestino Iriarte entre otros. Dicha Comisión fue la primera en entregar su Informe y en el punto de la administración judicial hubo un notorio y unánime reconocimiento a ese traspaso de poderes.

El Informe rendido el 28 de noviembre de 1951 traslada los poderes reglamentarios del procurador al pleno del Tribunal Supremo y la dirección de la administración judicial al presidente de dicho cuerpo. Define específicamente que entre los poderes de administración está el de trasladar y asignar jueces en adición al de nombrar un administrador de los tribunales. Replicaron el modelo de dividir las funciones cuasi legislativas o reglamentarias al pleno y las cuasi ejecutivas al presidente.

Hace dos años atrás algunas personas propusieron quitarle al gobernador el poder de nombrar al presidente de dicho tribunal y pasarlo al pleno de ese cuerpo colegiado. Se superó ese atentado y el propio tribunal así lo determino. Ahora ha surgido una estrategia de arrebatarle las prerrogativas al cargo del juez presidente y pasarlas al pleno del Tribunal. Claro el problema es que la Constitución dispone lo contrario.

En un proceso sin vistas públicas, de un día para otro y firmado y se ha hecho ley por el gobernador en menos de 24 horas de aprobado y a su inmediato regreso a de Puerto Rico. Una ley no puede enmendar la Constitución y menos derogar el principio de separación de poderes que anima la misma.

Los pueblos crecen cuando superan sus intereses pequeños por los grandes, los políticos por los patrióticos. Puerto Rico tiene ejemplos de superación en su Convención Constituyente cuyo fruto fue aprobado por todos los partidos políticos que asistieron a la misma.

Hay momentos en la vida que se cruza una frontera, un Rubicón que marca un punto de no regreso en la historia de los pueblos. A veces pasa fuera del radar de la discusión pública o no se entiende en ese momento, pero sus efectos marcan un rumbo ascendente o decadente en su quehacer colectivo.

Puerto Rico tiene su épica de pueblo democrático y hay que defender sus esencias frente a los vientos de ocasión y las tentaciones del poder sin límites. Ese es legado de la Constituyente y esa en nuestra herencia de Pueblo. Hay que respetar para ser respetado y hay que aprender de nuestros constituyentes a tallar para la historia.

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