Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Una reforma electoral peligrosa para la democracia

El despido de Raúl Maldonado de sus altos cargos gubernamentales no debe opacar la crucial discusión de la reforma electoral que está bajo estudio de la Asamblea Legislativa.

Al contrario, los detalles que van aflorando en el caso Maldonado tienen que servir para mirar con suspicacia a un sistema electoral dominado hasta ahora por la partidocracia y en vías de ser sometido a un control aún más férreo del partido en el gobierno.

Las minorías ya lo tienen difícil para hacerse escuchar en la estructura actual de la Comisión Estatal de Elecciones y su voz se reduciría más si se aprueba una reforma que les arrebata los pocos espacios que garantizan su existencia en la democracia.

Si se aprobaran las propuestas clave de la reforma favorecida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, las minorías quedarían al margen de la administración del sistema electoral, que sería un ente con participación de los dos partidos principales y pondría las decisiones cruciales en manos del partido de gobierno.

El control absoluto del sistema electoral por un partido político avivaría las luchas internas, como las que obviamente matizan el despido de Maldonado. Baste recordar el famoso aforismo del historiador y político inglés Lord Acton, quien dijo que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Hay varias propuestas peligrosas en el proyecto de reforma bajo discusión y que ya ha sido objetado por los partidos de oposición. Entre ellas, resulta burda la que pondría en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico el nombramiento del presidente de la CEE.

Con un Tribunal Supremo de amplia mayoría identificada con el Partido Nuevo Progresista, la proposición no altera en esencia el sistema actual de selección, que siempre termina en un presidente identificado con el partido de gobierno.

Sin embargo, vulnera la separación de poderes y coloca al Supremo como juez y parte, ya que podría tener que resolver sobre decisiones de la persona a la que nombró.

Otra propuesta cuestionable tiene que ver con la participación de los partidos minoritarios en los organismos rectores de la CEE, los que quedan fuera de las posiciones de mando que ahora contempla el llamado balance electoral, eliminado de un plumazo en el proyecto de reforma.

La dependencia en el internet que propone la reforma también resulta excesiva y deben tenerse en cuenta los múltiples casos de “hackeo” conocidos internacionalmente y el desconocimiento del mundo cibernético de una población que se hace cada día más mayor, como reflejan las estadísticas.

Poner a los electores a depender del internet para ejercer su derecho ciudadano al voto se presta al fraude.

Es preciso escuchar las objeciones de la oposición, pero mucho más las de los expertos que pueden alertarnos sobre los peligros de una excesiva mecanización de los procesos electorales.

Garantizar un sistema eleccionario ajustado al siglo 21, pero limpio de sospechas y, sobre todo, basado en el consenso, es esencial para la democracia. Reformarlo sin esas garantías es peligroso porque atenta especialmente contra derechos que hay que preservar.

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