Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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Un brazo roto sin importancia

En el salón de sesiones, el abogado defensor me informó de pie, frente al estrado, que la perjudicada no tenía interés en proseguir con el caso. Solicitaba su archivo. Luego de unas palabras iniciales sin entusiasmo, el fiscal confirmó que no se oponía. Era un caso más de los que a diario venían a mi sala por infracciones a la Ley 54 (violencia doméstica).

Le pedí a la joven mujer que se expresara. La ley requiere que el fiscal le comunique a la víctima cualquier tipo de “arreglo” con el acusado, no para que controle la decisión del fiscal, sino para que exprese su punto de vista y quise asegurarme de que eso había ocurrido. Ella confirmó que no tenía interés. Fue cuando me fijé en un yeso que tenía en su brazo. Le pregunté si ese yeso tenía algo que ver con el caso. Movió su cabeza en gesto afirmativo y me relató que, como resultado de la agresión del acusado, ella había caído al suelo y se había roto el brazo. Mi curiosidad fue mayor: “¿Y, entonces, por qué no tiene interés en seguir con el caso?”. Creo que fue la primera vez que me miró a los ojos: “Por la cantidad de veces que he tenido que venir al tribunal y el caso siempre se suspende”. Se refería a etapas previas antes de yo llegar a esa sala. “No quiero perder más tiempo en los tribunales —me dijo—. Me conformo con la orden de protección”.

La mujer tenía razón. Aunque la Oficina de Administración de los Tribunales ha ensayado múltiples estrategias para aminorar el problema de las suspensiones, este continúa sin resolverse. Por eso vemos continuamente en los noticiarios la facilidad con la que se suspenden los casos. Y vemos las caras de incomodidad y frustración de víctimas y testigos que tuvieron que faltar a sus trabajos o a sus citas médicas o centros de estudios para comparecer “so pena de desacato” a una cita que casi siempre termina en nada.

El sistema de administración de la justicia tiene que ser más sensible. En estos casos de violencia machista el problema se agrava porque la mujer maltratada o agredida tiene que soportar las dificultades de un sistema que no siempre le ha ofrecido un trato justo. Sin olvidar que la mujer debe aguantar las presiones del acusado, de la familia del acusado e, incluso, de la propia familia de ella: que cómo vas a meter preso al padre de tus hijos, que en la cárcel no va a generar ingresos para mantenerlos, que piensa que a lo mejor tú tienes la culpa por provocarlo, pelearle demasiado o contestarle siempre a todo lo que te dice, o que en el fondo él es buena persona, es trabajador, está arrepentido y merece otra oportunidad. Hasta el día en que la mata, y el llanto y crujir de dientes de los que la echarán de menos no sea suficiente para regresarla a la vida.

 La violencia machista —que representa cerca del 90% de los casos de violencia doméstica— es un problema social de repercusiones muy graves. Requiere de una gran consciencia social y una atención especial desde la niñez, mucho antes de que deban intervenir la Policía y los tribunales. Es mediante el ejemplo de trato digno y decoroso a la mujer, y de un programa comprehensivo de educación para varones y hembras —en el hogar, en la escuela, en las iglesias— centrado en el respeto y la consideración de los demás, especialmente de la mujer, que caminaremos en la dirección apropiada. Y las mujeres tienen que espabilarse; tienen que denunciar el maltrato, tienen que atreverse. Callar y esperar a que las cosas se arreglen por sí solas no es opción. Las flores deben ser en vida, no para enviarlas a sus tumbas.

¡Ah!, ¿que qué paso con la solicitud de archivo de aquel caso? Pues que no, que el acusado se declaró culpable y terminó preso ese mismo día.

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