José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Urge la equidad con las medidas fiscales

Ahora que acordamos que la austeridad contrae la economía y que no es sinónimo de eficiencia, recordemos también que no debemos aportar todos por igual a solucionar la crisis fiscal. La teoría económica tradicional lo reconoce: mientras más alto el ingreso, mayor debe ser el impuesto pues quitarle un dólar a una persona pobre reduce el bienestar mucho más que quitarle un dólar a una persona rica (utilidad marginal decreciente).

Los asesores que cobran $250 la hora (cinco veces más que un profesor con doctorado en la Universidad de Puerto Rico) deben recordar ese principio progresivo en su “guerra”: esta crisis no la creamos todos por igual y no todos hemos sentido el impacto por igual.

Anterior a estas medidas austeras de la Junta (de 2000 a 2012), la desigualdad aumentó porque los pobres perdieron desproporcionadamente más que las demás clases (explicado en el análisis de la doctora Eileen Segarra). Es decir, los pobres y los trabajadores deben aportar menos a la solución de la crisis fiscal por dos razones principales: tienen menos ingresos y ya han sufrido más esta crisis gracias a los impuestos regresivos implantados.

Sin embargo, el ajuste fiscal se dirige desproporcionadamente hacia la clase baja y media: los pensionados, los participantes de la reforma de salud, los estudiantes y los empleados públicos. Para ser equitativos, el nuevo cobro sobre las propiedades debe ser para aquellas mayores a $200,000 y la austeridad debe empezar por eliminar a las aseguradoras de la reforma de salud, la contribución alterna mínima y los incentivos contributivos que toman las empresas de productos transgénicos y otras empresas que hubiesen invertido igual en ausencia de incentivos, entre otros.

De hecho, gracias a la larga lista de créditos e incentivos contributivos, los recaudos de Puerto Rico representaron menos del 11% de su producto interno bruto en 2015, por debajo del 15% del país promedio (ver Banco Mundial). Esto a pesar de que tenemos una de las tasas estatutarias de impuestos más altas del mundo, pero que solo le aplica a la clase media y a los pequeños negocios.

Tomemos el caso más notorio: las megatiendas extranjeras que tributan muy poco gracias a las artimañas contables como el “transfer pricing” y a los incentivos contributivos otorgados por municipios. Decir que no podemos eliminar los incentivos porque crean empleos es incorrecto: las megatiendas, por ejemplo, desplazan más empleos que los que crean.

Además, los empleados públicos generan empleos (multiplicador del consumo) y no por eso le damos incentivos contributivos. Los incentivos deben dirigirse solo a empresas locales y fábricas foráneas donde los incentivos sean determinantes, a cambio de que creen empleo continuamente (no a cambio de nada).

Los bonistas gozaron de exenciones contributivas sobre sus ganancias por muchos años. Ahora que pueden perder en sus inversiones (las cuales implicaban riesgos), se buscan usar fondos públicos para socializar las pérdidas de inversionistas privados mientras se privatiza o se niega el acceso a la salud a los médicos indigentes.

Pero aún entre los mismos bonistas hay desigualdad: una cooperativa local o pequeño empresario no debe recibir el mismo trato que un especulador de un fondo buitre. Por eso la propuesta de reestructurar la deuda en base al precio de compra inicial (“entry point”) debe ser el punto de partida para recortar la deuda: se protege al inversionista bonafide que compró a valor par del especulador que compró a precio de quemazón.

Cada cual debe contribuir según su capacidad financiera y su cuota de responsabilidad con esta crisis. Esto incluye al gobierno estadounidense y a otros que, señalando exclusivamente a los corruptos locales, se han desentendido de esta crisis para continuar sus privilegios.

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