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A agilizar la reconstrucción en zonas dañadas por sismos

Las generaciones presentes hoy en Puerto Rico, en particular los moradores de la región suroeste, conocieron hace dos años el potencial devastador que tiene un terremoto. La destrucción y el trauma de aquellos primeros días de 2020 permanecen latentes para la población, ante la demora en los trabajos necesarios para la recuperación física y emocional.

La secuencia sísmica que comenzó el 28 de diciembre de 2019 y tuvo su evento más intenso el 7 de enero de 2020, con un terremoto de magnitud 6.4, dejó inhabitables 2,500 residencias. En su periodo de máxima intensidad, hasta 9,000 personas optaron por pernoctar a la intemperie, en espacios públicos y privados. Esas familias afectadas merecen seguimiento comprensivo y coordinado.

Por razones diversas, que van desde las dificultades asociadas a la pandemia del COVID-19 hasta la ineficiencia burocrática, quedan como recordatorio constante las ruinas de numerosas estructuras. Según el gobierno, las escuelas figuran entre las estructuras más afectadas por los sismos, debido al fallo de construcción que constituyen las columnas cortas. Por lo menos 126 planteles resultaron con daños y el pasado año se asignaron $178.3 millones de fondos federales para repararlos. A mediados de 2021 se inició la reparación de columnas en algunas de esas aulas, pero el progreso de las obras ha sido lento.

Se estima que los terremotos y las réplicas dejaron pérdidas por $782 millones. Al 3 de enero, el gobierno había asignado $946.9 millones para la recuperación de los sistemas y estructuras públicas afectadas. De esa suma, $588.8 millones ya fueron desembolsados. De la información provista por el gobierno surge que el año pasado se hicieron inspecciones y que se tiene previsto iniciar la contratación de servicios de ingeniería y arquitectura para algunos. Otros proyectos entrarían en la fase de subasta y reconstrucción. Las escuelas deberían ser una prioridad en esa gestión.

No obstante, falta información acerca de los servicios de atención integral que se han ofrecido a las familias damnificadas y a la población en general en la región suroeste que aún sufre el impacto emocional y la incertidumbre ante el riesgo de que ocurran nuevos sismos. Desde que comenzó la secuencia hasta esta semana se habían registrado 18,000 eventos y aún quedaban datos por analizar. La Red Sísmica informó que la actividad sísmica persiste, pero la frecuencia ha disminuido al compararse con el año previo.

Mientras, resulta preocupante que el gobierno no cuente aún con un plan de recuperación a largo plazo. Expertos sostienen que ese plan tiene que incorporar aspectos sociales como el manejo de ansiedad, el miedo y la incertidumbre que afectan la salud mental y la productividad de cientos de personas. También tiene que contar con la participación de los ciudadanos. Empoderados, en sus respectivas comunidades, la respuesta a emergencias puede evitar tragedias.

En un paso de avance que contrasta con la respuesta gubernamental, la comunidad científica, encabezada por la Red Sísmica de Puerto Rico y el Programa de Alerta de Tsunamis del Caribe, ha logrado adquirir equipos más sofisticados de investigación, proyecciones y monitoreo. El conocimiento adquirido y los datos generados por estas instituciones, con el apoyo del Servicio Geológico de Estados Unidos y de investigadores internacionales, debe nutrir los nuevos planes de emergencia, así como la construcción de nueva obra que responda a los retos del riesgo sísmico en la región.

Esos datos, así como la información y proyecciones recopiladas sobre el cambio climático, deben alumbrar también los planes de recuperación y preparación para que toda la isla cuente con estructuras y mecanismos adecuados para responder ante terremotos y otros eventos extremos como huracanes y marejadas extremas.

La buena planificación del gobierno y los municipios, en coordinación con el sector privado y las organizaciones comunitarias, permitirá la mejor defensa en caso de estos fenómenos naturales. Al mismo tiempo, será preciso agilizar la rehabilitación de infraestructura pública y de estructuras residenciales afectadas por los golpes ciclónicos y sísmicos. Atender sin dilación ambos asuntos será determinante para adelantar la recuperación de Puerto Rico.

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