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A combatir juntos el avance acelerado del COVID-19

En la carrera contra el COVID-19, ejercer responsabilidad social permitirá a Puerto Rico superar la pandemia salvando vidas sin atropellar la economía. Protegernos y cuidar a los demás en toda interacción social determinarán la efectividad de las medidas preventivas contenidas en la orden ejecutiva anunciada ayer.

Con la directriz, que estará vigente desde el lunes 16 de noviembre hasta el 11 de diciembre, el gobierno se encamina a hacer un balance que coloca igual peso de responsabilidad sobre cada componente de la sociedad. El propósito de todos debe ser frenar la acelerada propagación del virus y sus graves repercusiones en la actividad productiva del país.

El cuadro presentado por el gobierno sobre el comportamiento de la nueva cepa del coronavirus en la isla es alarmante. Han perdido la vida más de 900 personas de distintas edades, pero sobre todo adultos mayores.

La primera línea de defensa sanitaria y de seguridad ha recibido un fuerte impacto por la pandemia: alrededor de una veintena de profesionales de enfermería, médicos y policías han muerto; más de 900 profesionales de la salud han contraído la enfermedad, así como 189 policías.

Hay 457 miembros de la Uniformada en cuarentena y ocho cuarteles cerrados. Esa presión impuesta por el nivel de contagio comunitario que registra Puerto Rico explica la activación de la Guardia Nacional como refuerzo en la tarea de velar por el cumplimiento de las nuevas disposiciones preventivas.

También los municipios tienen un deber apremiante en la misión de detener la ola de contagios. La gobernadora Wanda Vázquez ha pedido apoyo a los alcaldes para que sus policías municipales intervengan con establecimientos que desafían la orden en abierto atentado contra la salud pública.

Pero hace falta más. Los recursos no dan abasto y el Estado no puede hacerlo todo. Sin la cooperación de cada habitante en sus diversos roles de familiares, trabajadores, patronos, comerciantes, consumidores, el país está en riesgo de llevar sufrimiento a muchos hogares más antes de que termine el año.

La gobernadora ha hecho un llamado particular a los jóvenes, el grupo poblacional con más infecciones y con mayor potencial de transmitir el virus. Como un reconocimiento por sus aportaciones y los sacrificios que los jóvenes enfrentan, los ha instado a aplicar a esta emergencia de salud pública la misma capacidad de tomar decisiones importantes que han mostrado en tiempos recientes.

El gobierno ha afirmado que el sector económico, en general, ha cooperado con las medidas de prevención. La orden de que los establecimientos autorizados a operar hagan visible la cantidad de visitantes equivalente al 30% de capacidad provee al local un mecanismo de transparencia que da confianza al público. Por otro lado, confirma al visitante si el lugar merece su patrocinio o, en caso contrario, le apodera para denunciar a quienes incumplen en velar por el bienestar de clientes, empleados y del propio establecimiento.

Este periodo extraordinario requiere entender que la temporada festiva será distinta por necesidad. Como seres sociales, el encierro durante tantos meses ha causado fatiga física y mental. Pero bajar la guardia y desentenderse de la realidad es el peor de los remedios. Reconocer los riesgos de dejarse vencer por el agotamiento permite aceptar y buscar ayuda si fuera preciso, para canalizar energía y emociones en formas saludables.

En tanto, se espera que el gobierno intensifique los esfuerzos para suministrar más pruebas y rastrear contactos de casos positivos. Además, es oportuno que, junto al sector privado y sin fines de lucro, impulse iniciativas que orienten y disuadan a la gente de bajar la guardia. Será importante también que agilice los mecanismos fiscales y económicos disponibles para mitigar el impacto económico, en particular sobre los pequeños negocios.

La nueva orden ejecutiva ha buscado equilibrar la necesidad de proteger la salud pública y mantener la actividad productiva. Resta que cada parte haga lo que corresponde para evitar contagiarse y, con ello, proteger la vida, los empleos y la economía.

 

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