En pleno Siglo XXI, el gobierno de Puerto Rico ha sido puesto bajo investigación por parte de las autoridades federales por la sospecha de que no ha cumplido su responsabilidad ministerial de proveer servicios de salud mental apropiados a unas pocas decenas de niños y adolescentes que tiene recluidos en sus dos instituciones penales de menores.

Esa es una responsabilidad que le impone el ordenamiento legal con respecto a los menores en instituciones correccionales del Estado. Pero es también una responsabilidad humana y moral que las autoridades, en este caso el Departamento de Corrección y Rehabilitación, tienen la obligación de cumplir sin que nadie tenga reclamarlo.

Al día de hoy, el Departamento de Corrección tiene 82 menores encarcelados en las instituciones de Ponce y Villalba, las únicas dos que quedan de 14 que había en 1994. En el último cuatrimestre del 2020, cuando había poco más de cien internos, hubo entre estos la espantosa cifra de 36 incidentes de ideaciones suicidas, automutilación e intentos de automutilación. De estos, 22 tenían pensamientos suicidas y psicosis.

Las cifras fueron reveladas a la corte federal por Kim Tandy, la monitora federal del caso de violaciones a derechos humanos por hacinamiento en el sistema correccional juvenil de la isla, un pleito que data del 1994.

La dramática revelación motivó al juez federal Gustavo Gelpí a constituir un panel de tres magistrados que evalúa sin conviene excarcelar menores para liberarlos del inmenso riesgo que puede suponer la ausencia o deficiencia de servicios de salud mental entre una población tan evidentemente vulnerable.

La secretaria designada del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, reconoció que la agencia enfrentó disputas contractuales con su anterior proveedor de servicios de salud mental y que eso pudo haber afectado la continuidad de los tratamientos. La agencia tiene ahora un nuevo proveedor y la secretaria Escobar atribuye a eso el que se hayan reducido las hospitalizaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no está convencido y en una vista el lunes informó que investiga si la deficiencia en los servicios de salud mental se debe a hacinamiento, haciendo claro que con hacinamiento no solo se refiere a muchos jóvenes en poco espacio, que evidentemente no es el caso aquí, sino a pocos a servicios para demasiados necesitados.

Esta triste situación requiere de solución rápida y definitiva. Estamos hablando de jóvenes con trasfondos muy complicados y que además vienen de entornos que los hacen muy vulnerables.

Por ejemplo, un perfil del menor transgresor de la ley que Corrección y Rehabilitación preparó en el 2016, dice que el 65% ya traía trastornos de salud mental antes de ser encarcelado, el 19% había tenido ideas suicidas, el 43% había sido víctima de maltrato, el 36% venía de entornos familiares violentos y que el 89% sufría de algún problema de abuso de sustancias.

Vienen, en pocas palabras, de los ambientes que la sociología denomina tóxicos y que son causa principalísima de que hayan involucrado en las actividades ilegales que los llevaron a las instituciones juveniles. El Estado los tiene bajo su cuidado 24 horas al día, siete días a la semana. Dándole los servicios de salud mental que necesitan, tiene una oportunidad de oro para dar con la raíz de sus problemas, ayudarlo a encontrarse y realizarse y ayudar a evitar que vuelva a delinquir cuando regrese a la libre comunidad.

Es completamente inaceptable que ni aún con la enorme reducción en la cantidad de reclusos menores que ha habido durante los últimos años, el gobierno de Puerto Rico siga siendo incapaz de darle a cada uno los servicios que necesitan ellos y que, al final del día, nos harán más seguros a todos. Es tiempo de que, por ellos y por todos nosotros, se acaben las excusas y se brinde a estos jóvenes los servicios de salud mental que necesitan.