Los avances en el reconocimiento de los derechos civiles y humanos de todas las personas en su diversidad requieren procesos educativos y de concienciación que permitan entender las necesidades particulares de cada sector para asegurar que se les brinde, no solo servicios de calidad, sino los adecuados. Un sector de la población que enfrenta aún discrimen, por prejuicio o por desconocimiento, es el lgbttq+.

La orden administrativa 398-2018 del Departamento de Salud establecía, como requisito de educación continua a la clase médica, adiestramiento sobre sensibilidad y competencia cultural en el servicio a esta población.

El secretario Carlos Mellado derogó la orden a petición de la comunidad médica sin que mediara el diálogo con representantes de la población potencialmente afectada. Ante las críticas a su decisión, anunció que próximamente les escuchará.

El documento invalidado establecía como política pública no discriminar contra un paciente por su identidad de género, expresión de género u orientación sexual real o percibida al solicitar servicios de salud. Se trata de asuntos complejos que requieren que los profesionales y servidores en todos los campos conozcan en detalle para aclarar conceptos erróneos y despejar sesgos que pudieran afectar la salud y la vida.

Coincidimos con el reclamo de que el requisito se restituya totalmente como parte de la educación de los profesionales médicos. Debería extenderse a todos los profesionales de la salud.

El secretario justificó que existen mecanismos para procurar que todas las personas reciban trato igual. Y este es, precisamente, uno de los aspectos que debería aclararse. Trato igual para todos no siempre significa equidad. Conlleva proveer a cada persona los servicios según sus necesidades. En este caso, representa reconocer que las personas lgbttq+ enfrentan factores sociales distintos al resto de la población y sus efectos son multidimensionales, incluso en su salud.

Es de esperarse que los médicos conozcan los derechos del paciente y sean leales a los cánones que rigen su profesión. No obstante, está documentado que la población lgbttq+ enfrenta una prevalencia mayor de ciertos problemas de salud relacionados con los estigmas, la marginación y las violencias que confrontan a diario en todas las áreas del quehacer. A la vez, se les dificulta el acceso a la atención médica y a los tratamientos que requieren.

El secretario Mellado reconoce que existe discrimen y que médicos se han negado a atender a alguien específicamente por ser lgbttq+. Así las cosas, su acción de hacer opcional lo que antes era requisito tiene el potencial de enviar el mensaje erróneo de que se le resta importancia a un tema sobre el que, precisamente, urge concienciar. Sobre todo, en el marco del estado de emergencia que Puerto Rico vive por la violencia de género de la que son víctimas también las personas lgbttq+.

La experiencia sirve como recordatorio a la institucionalidad del gobierno de que su rol es proteger los derechos, la salud y el bienestar colectivo ante intereses particulares.

Más aún, cuando surgen en Estados Unidos intentos de someter a las minorías, y específicamente a la población lgbttq+, al rango de ciudadanos de segunda categoría que tanta angustia, opresión y muertes ha provocado. Tan reciente como en junio, la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del estado de Florida anunció su intención de negar la cubierta de Medicaid a servicios médicos necesarios para la población transgénero.

Nos toca a todos valorar y conocer más sobre nuestras ricas diversidades para que, como bien ha dicho el papa Francisco esta semana en Canadá, podamos romper los esquemas de los bandos y tener una sociedad inclusiva y de paz.

El conocimiento es siempre ganancia. Y en este caso, debe serlo, tanto para el mejor desempeño de los profesionales de la salud, como para miles de personas que afirman con valentía su derecho a existir y reclaman trato digno, respetuoso y responsable.