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A encaminar la reapertura de la educación privada

El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de evitar que las deficiencias manifestadas en la administración del sistema público de enseñanza durante la pandemia no se repliquen en su manejo de los protocolos para la reactivación de la educación privada.

En el proceso para autorizar nuevamente actividades o servicios que han sido limitados como mecanismos de protección contra el COVID-19, las medidas para mantener de forma segura las operaciones de las instituciones educativas privadas no deben quedar relegadas.

En Puerto Rico, las instituciones educativas del sector privado encabezaron los primeros pasos de la enseñanza virtual, que hoy aflora como alternativa principal de las actividades académicas durante la pandemia. En tal sentido, el gobierno debe considerar como oportunidad la apertura de un diálogo que permita adoptar sin dilación guías adecuadas aplicables a los servicios docentes en esas entidades mientras persiste la emergencia salubrista.

Mediante ese acercamiento, al conocer en detalle prácticas educativas exitosas del sector privado, el gobierno podría replicar algunas de esas iniciativas en los planteles públicos y mediante una conversación dinámica con representantes de ese sector fomentar alianzas beneficiosas para un número creciente estudiantes.

El esfuerzo gubernamental en colaboración con los educadores del sector privado también debe servir para prevenir vigorosamente el rezago académico de alumnos cuyo proceso de aprendizaje ha presentado escollos en meses recientes. Sin embargo, la gestión tiene que encaminarse pronto para garantizar la toma de determinaciones bien ponderadas, libres de improvisaciones o deficiencias ya experimentadas en las escuelas públicas.

La actividad de la red de colegios privados que atiende estudiantes desde nivel elemental hasta el duodécimo grado en Puerto Rico representó una inversión aproximada $2,000 millones anuales antes del periodo de contracción económica en la isla. A pesar de que recientemente decenas de esos centros docentes se han visto forzados al cierre, 641 colegios siguen en operación con una matrícula de 121,000 alumnos al inicio del pasado año académico.

Por décadas, las operaciones de muchos colegios privados en la isla se han destacado por currículos que además de las destrezas básicas de materias regulares por grados integran cursos de arte, tecnología, educación física, así como programas de tutorías enmarcados todos en altos parámetros de excelencia académica. La mayoría de esas instituciones tienen un largo historial de servicio pedagógico y sus egresados se integran exitosamente a universidades locales e internacionales.

Al presente, el Task Force médico que presentó las recomendaciones para una gradual reactivación de la economía, sujeta a estrictas medidas preventivas contra el COVID-19, ubicó los servicios educativos en el renglón final de reaperturas escalonadas. La situación impide que la gerencia delos colegios privados conozca de inmediato criterios mínimos para determinar las operaciones futuras de cada institución.

De acuerdo al protocolo que adopte el gobierno, las escuelas privadas tendrán que considerar cómo ajustan sus semestres académicos y qué alternativas educativas mantienen en vigor. Según docentes y administradores del sector, están impedidos de determinar planes precisos de educación virtual, así como iniciativas para reanudar operaciones presenciales. Argumentan que la planificación de los semestres, así como los procesos de matrícula de alumnos regulares y de nuevo ingreso implican trámites complejos que no deben estar afectados por decisiones gubernamentales adoptadas al cierre del verano.

En otras jurisdicciones, la reanudación de las clases en aulas públicas y privadas ha quedado condicionada a modificar mobiliario y equipo de los salones, tomando en cuenta el factor de distanciamiento físico para limitar riesgos de contagio. Al mismo tiempo, ha sido necesario limitar el número de alumnos por grupo e intensificar medidas de limpieza y desinfección regular de los espacios físicos.

La toma de decisiones gubernamentales a tiempo para fomentar estabilidad en el sector de la educación privada limitará la incertidumbre en miles de familias cuyos hijos estudian en estas instituciones y abonará al clima de sosiego pertinente para reactivar actividades sociales y económicas esenciales bajo los parámetros de seguridad necesarios en tiempo de pandemia.

La gestión del gobierno implica promover pronto condiciones justas para educar bien a nuestra población y fomentar capital humano competitivo, crucial en la agenda que marcará retomar con paso firme el desarrollo sostenible de Puerto Rico.