Podemos señalar a San Juan y Loíza entre las múltiples zonas de Puerto Rico que sufren la documentada fragilidad infraestructural y sistémica que agudiza las inundaciones. Pero el hecho es que casi una cuarte parte de la población de la isla es víctima clara o potencial de la calamitosa normalización de los crecientes y peligrosos aluviones cuyas soluciones reales desde hace décadas se le escapan a la apropiada acción gubernamental.