Los arrestos en días recientes de cinco oficiales de custodia que según investigaciones de la Policía están vinculados al trasiego de drogas desde el Complejo Correccional de Bayamón, vuelve a acentuar la impostergable necesidad de que las autoridades pongan coto al gravísimo problema de contrabando en las instituciones penales.

Con las detenciones informadas durante la primera quincena del mes en curso, suman 11 los oficiales correccionales arrestados este año por actos delictivos. En mayo hubo otros cuatro arrestos de guardias penales por actos relacionados con el trasiego de sustancias controladas y armas de fuego. Además, según el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), entre marzo de 2024 y 2025, fueron incautados $4.8 millones en contrabando, incluidas 8,991 sustancias controladas, 8,299 cigarrillos y 862 celulares, además de miles otros objetos prohibidos en las instituciones carcelarias.

En un sistema penal cuya población ronda el promedio de 7,000 confinados, está claro que esas son cifras alarmantes y apuntan a un serio problema de contrabando y corrupción en el seno del sistema carcelario. Urgimos al DCR y a todo el aparato estatal a darle a este asunto la importancia que merece y a tomar las medidas necesarias para devolver el orden y la legalidad a las cárceles.

Un primer y muy importante paso, por supuesto, es hacer una mejor selección entre los candidatos a oficiales correccionales. Hasta Jessica Martínez, la presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), el sindicato que agrupa a los oficiales correccionales, dice que las investigaciones de los candidatos son “vagas” y que se sabe de agrupaciones de confinados que envían a gente de su confianza a solicitar empleo como custodios.

Los protocolos de seguridad en las cárceles son tan estrictos que sería casi imposible introducir cualquier tipo de contrabando si no es con la complicidad de oficiales. Eso aplica, incluso, cuando son familiares de visita los que intentan cometer el crimen; sin la complicidad de un custodio, es casi hacerle llegar al reo el material o los artículos proscritos.

Una vez reclutados, los oficiales necesitan mejores salarios, equipo, adiestramiento y supervisión efectiva, de manera que se reduzcan las tentaciones, e incluso las oportunidades, de participar en actos delictivos. Tratándose de funcionarios que ejercen sus funciones en un solo y determinado lugar, no debe ser muy difícil la supervisión efectiva.

El DCR, además, necesita mayores recursos y tecnología para el tipo de contrabando que no tiene que ver con corrupción oficial, como son, por ejemplo, los lanzamientos de paquetes de drogas desde drones. Nos parece que evitar el sobrevuelo de ese tipo de artefactos sobre instituciones penales tampoco es una tarea imposible de llevar a cabo.

Las cárceles deben ser el sitio donde más estrictamente se vigila y se controla cada suspiro, tanto de reos como de oficiales. Todo lo que se hace en las prisiones está sujeto a los más rígidos protocolos. No hay, en fin, excusa alguna para erradicar el contrabando. Aplaudimos los esfuerzos del secretario Francisco Quiñones Rivera por tratar de poner bajo control esta situación y lo urgimos a que no ceje en su empeño.

La Constitución del Estado Libre Asociado dispone que el propósito del encarcelamiento es la rehabilitación. En la medida en que los funcionarios a cargo de las cárceles no pueden evitar el contrabando de drogas hacia las cárceles, se da al traste con el ánimo de rehabilitación que tiene que haber en el sistema.

Al final del día, la salida a la libertad de personas con problemas de adicción iguales o peores de los que tenían al entrar a prisión es detrimental para toda la sociedad, que necesita mucho que el Estado haga todos los esfuerzos a su alcance para rehabilitar a las personas de las que toma custodia por estos haber cometido delitos.

No es aceptable ningún otro curso de acción que cumplir con la responsabilidad que la Constitución le impone al sistema carcelario.