El golpe monumental que el ciclón Fiona ha propinado coloca a Puerto Rico frente a un nuevo desafío de recuperación que se suma a los trabajos de reconstrucción por los daños de los huracanes del 2017 y de los terremotos del 2020.

Especial empatía y atención merecen las regiones del suroeste que, sin haberse recuperado de los estragos sísmicos, han vuelto a ser victimizadas por las lluvias que ayer no cesaban de inundar vecindarios completos, obligando a desalojos masivos. Los desbordamientos han ocurrido también en zonas centrales y otras partes de la isla donde hay un número sustantivo de personas en refugios. La pérdida completa de viviendas ha sido particularmente entristecedora. Consternan sobre todo los decesos vinculados a los efectos del fenómeno.

Las entre 18 y 25 pulgadas de precipitación son prueba elocuente de la pesadilla sufrida por muchas familias. A las aguas implacables se añaden los peligrosos deslizamientos de terrenos y los colapsos de tramos de vías principales y vecinales.

El apagón general y la cuantiosa interrupción del servicio de agua potable, aunque esperados debido a la fuerza de los vientos y las lluvias, y a la debilidad de las infraestructuras, son riesgos mayores para la salud ciudadana y la actividad socioeconómica de no restablecerse en un lapso razonable.

Sin duda, justo a cinco años del azote del huracán María, Puerto Rico mantiene infraestructuras débiles e históricas deficiencias de planificación que les están pasando factura al bienestar y a la calidad de vida de las generaciones presentes. El futuro es menos halagador para las poblaciones más jóvenes, de seguirse la ruta de improvisaciones y parches en la mitigación de daños.

La falta de resiliencia estructural coexiste con la lentitud de las obras de reconstrucción por los pasados cinco años, a partir del desastre del fenómeno María. Parsimonia causada por el ensañamiento prejuiciado y político del anterior gobierno federal, y por la insuficiencia de pericia técnica y procesal de las autoridades locales.

Ante el nuevo escenario desafiante, la necesidad de revitalizar las infraestructuras dañadas o destruidas por Fiona debe servir de oportunidad para llevar a cabo una reconstrucción resistente a largo plazo a los cada vez más frecuentes impactos naturales acarreados por el innegable cambio climático. Esa es la deuda y la responsabilidad de los gobiernos local y federal con los miles de familias expuestas al desplazamiento por desastres. Una respuesta insuficiente o lenta al golpe de Fiona que agudice el éxodo de puertorriqueños sería otro sangrado de talento y productividad que le costaría mucho a nuestro país.

Para encaminar esos objetivos, la pronta restitución del servicio energético es fundamental. En lo inmediato, ha sido acertado el esfuerzo por restablecer la electricidad en los centros hospitalarios. Esperamos que estas acciones permitan la continuación de los servicios a los pacientes con condiciones crónicas y la atención sin retraso de las emergencias vinculadas al ciclón Fiona.

La solidez del servicio energético dependerá también de que se resuelva el endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. El tranque que llevó a la Junta de Supervisión Fiscal a salir de la mesa de negociación con los bonistas es un episodio muy lamentable que conlleva el riesgo de agudizar la precariedad fiscal de la corporación pública. El Tribunal del Título III de la Ley Promesa atenderá la manera de reestructurar esta deuda, un paso indispensable para la puesta en vigor de la revitalización del sistema del que depende la actividad y el desarrollo económico de Puerto Rico, así como su calidad de vida.

Todavía falta por calibrar la extensión de los estragos provocados por Fiona. Pero es claro que mucha de la actividad agrícola ha sido maltratada, lo que afectará la productividad de ese sector y la oferta de alimentos frescos para el mercado local. La sostenibilidad alimentaria es un reto mayúsculo en nuestra isla, y es más patente cuando suceden devastaciones producto de la naturaleza.

La industria de seguros tiene la vital misión de responder con celeridad y justicia las reclamaciones de sus clientes. Los agricultores y comerciantes, entre otros sectores empresariales, además de los ciudadanos y las entidades gubernamentales que tienen seguros, requieren resoluciones prontas y eficientes. No debe repetirse el patrón de respuestas laxas y deficientes como ocurrió con los daños causados por el huracán María.

El golpe de Fiona a Puerto Rico evoca inevitablemente la desolación causada por María. Atender con rapidez las necesidades particulares y colectivas brindará los primeros alientos y esperanzas. La solidaridad entre familiares, amigos y vecinos también ayudará. Es esencial que ninguna persona esté o se sienta sola. Una llamada, un mensaje o una visita que no arriesgue la seguridad propia, son regalos de fortaleza.

La responsabilidad mayor recae sobre las autoridades gubernamentales, tanto puertorriqueñas como federales. Una ruta firme de reconstrucción es la respuesta que todo Puerto Rico espera y necesita.