Los casos de personas que han burlado la vigilancia electrónica a la que estaban sujetos, como parte de privilegios ofrecidos mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio en Puerto Rico, obliga a tomar medidas para subsanar con prontitud esta situación inaceptable, que pone en riesgo a víctimas y testigos de delitos e incrementa la inseguridad en el país.