La admisión de la empresa constructora de que entregó el puente atirantado de Naranjito sin que estuviera completado, y el hecho de que el gobierno de entonces permitió su apertura y uso sin reparar en la seguridad de la población vehicular, no pueden ser recibidos de otra forma que como golpes descarados a la seguridad y dignidad del pueblo puertorriqueño.