💬

A robustecer el sistema sufragista de Puerto Rico

La Comisión Estatal de Elecciones tiene ante sí la crucial responsabilidad de subsanar las deficiencias que han retrasado el conteo y el escrutinio de los votos de los comicios generales, mientras alimentan inquietudes en torno a la credibilidad del sistema electoral en Puerto Rico.

Las metas deben apuntar, en lo inmediato, a proveer total certeza de los resultados de las elecciones generales, y fortalecer de forma sostenida los mecanismos que salvaguardan el derecho fundamental al voto, baluarte de nuestra democracia.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha confirmado que ha habido fallas en el proceso. Ha removido del cargo a la presidenta de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA), Vilma Rosado, al determinar que ese organismo no tuvo controles internos durante el manejo de miles de papeletas. Esta semana, la CEE confirmó el hallazgo de 182 maletines con papeletas no contadas y con material electoral.

Las denuncias en torno a deficiencias en el proceso ameritan una investigación cabal y transparente. El presidente de la CEE ha pedido a la Oficina del Inspector General (OIG), que audite el manejo de papeletas y el envío y recibo de las mismas, a concluir en o antes de que culmine el escrutinio general. Esa Oficina tiene jurisdicción sobre el uso que se les da a los fondos y recursos de la CEE. Mientras, la Ley Electoral establece que el presidente de la CEE será la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del organismo y que será responsable de supervisar los servicios, los procesos y los eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. La OIG ha respondido con diligencia para comenzar la auditoría este jueves. Mientras, su intervención ha sido cuestionada dentro de la CEE.

Es preciso identificar y exigir rendición de cuentas a quienes hubieran sido responsables de las fallas en los comicios, además de corregir posibles procesos defectuosos y lagunas en los marcos legales relacionados con los eventos electorales.

Las alegaciones de irregularidades han generado una diversidad de reclamos judiciales cuyos méritos los tribunales dirimirán oportunamente. Las querellas están relacionadas con las diversas modalidades de los votos adelantado y ausente, la depuración de listas, el conteo de votos, entre otros asuntos.

La CEE tiene que estar en condiciones de asegurar que todas las papeletas emitidas queden rigurosamente registradas una vez comience el proceso de escrutinio. Cada voto representa la voluntad de un ciudadano de elegir a qué candidatos delegará el poder de liderar los destinos del país.

Nuestro país espera que el proceso transcurra con certeza, celeridad y pulcritud para conocer la composición final de la próxima Asamblea Legislativa, así como quiénes liderarán ciertas alcaldías.

Una vez concluya este proceso electoral, la gerencia de la CEE y los poderes ejecutivo y legislativo tienen el deber de hacer los ajustes que sean necesarios para evitar escollos futuros. Los cambios deben ser producto de un análisis que tome en cuenta la necesidad de reestructurar y modernizar el organismo, así como su calendario de operaciones, dentro de la realidad fiscal.

El análisis debe servir para robustecer la tarea inaplazable de revisar la nueva Ley Electoral. Si bien este año la pandemia del COVID-19 incidió en el aumento en la demanda de votos a domicilio y por correo, partidos y expertos habían alertado meses antes que la imposición unilateral y a toda prisa del nuevo estatuto en pleno año electoral abriría puertas a una avalancha de solicitudes para esas modalidades de votación.

El resultado esperado del análisis y de la deliberación es que Puerto Rico cuente con una Ley Electoral que responda al interés público de proteger y solidificar el sistema sufragista de nuestra democracia.

 

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: