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A solucionar el problema del abandono animal

La decisión judicial que ha anulado la dispensa concedida mediante orden ejecutiva a veterinarios no licenciados localmente para que puedan esterilizar y vacunar a mascotas en Puerto Rico gratuitamente, coloca sobre el gobierno, los profesionales veterinarios y los defensores de los animales el deber de resolver la creciente desatención de animales.

La Corte anuló las órdenes ejecutivas que concedían dispensas, para realizar prácticas veterinarias aquí, a médicos veterinarios sin licencia en la isla, por no cumplir con los requisitos de la Ley del Ejercicio de la Veterinaria de Puerto Rico. Como resultado, se ha suspendido la próxima edición del evento Spayathon, coordinado por la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos (The Humane Society), para la esterilización y vacunación de animales en la isla.

La gobernadora Wanda Vázquez, quien ha expresado su descontento con la decisión judicial, celebró una reunión con las partes. Ha sido un primer paso necesario.

El aspecto de las principales vías públicas, pobladas de perros y gatos callejeros que se reproducen sin control, afectando la calidad de vida y la estética de las ciudades, dice mucho, y mal, de nuestra compasión hacia otros seres vivos.

Cada cierto tiempo, perros y gatos son recogidos por municipios y muchas veces son sacrificados. Pero esa práctica no debe ser la solución. Para empezar, no funciona porque al poco tiempo vuelven a llenarse las calles de mascotas abandonadas. Además, tiene un alto costo para el gobierno y causa dolor a los amantes de los animales.

Después del desastre del huracán María, los destrozos de los terremotos, y últimamente la pandemia, pocas familias pueden movilizarse hacia las oficinas veterinarias para que esterilicen y vacunen a sus mascotas. Es claro que necesitan ayuda.

Los veterinarios enfrentan, asimismo, importantes gastos en su operación diaria, la que se compone de impuestos, pago de patentes y adquisición de equipo, así como el salario de los técnicos y otros empleados. Ese alto costo de sus operaciones lo asumen, en parte, los clientes, que en ocasiones ponen en la balanza cubrir sus propias necesidades de salud y alimentación, o esterilizar a su mascota.

Ante esta cadena onerosa, la mencionada decisión judicial puede servir de estímulo a la búsqueda de remedios razonables.

La situación de los perros y gatos atropellados en carreteras, o que mueren de hambre y sarna en espacios públicos, es un disuasivo para el turismo. No es un mal menor para la recuperación de ese sector el que, en el trayecto hacia los hoteles, paradores o excursiones, muchos visitantes se topen con el sufrimiento de animales.

Existe, por supuesto, una responsabilidad ciudadana. Muchas personas que sí pueden sufragar la esterilización de sus mascotas no lo hacen por inconsciencia o desinterés. Si se trata de una hembra, cuando la perra o la gata se llena de cachorros, en principio pudieran tratan de regalarlos, y, cuando eso no es posible, los abandonan.

Esas son personas a las que también hay que concientizar. Igual que a aquellas que por falta de recursos, impedimentos físicos u otras razones, no pueden recurrir a una clínica veterinaria. Esas personas suelen vivir en comunidades donde esos servicios deberían hacerse disponibles, a un costo mínimo o ninguno, asumido por asociaciones o por los fondos que para esa gestión pueda levantar el gobierno.

Es preciso encontrar la mejor solución al abandono animal, que no pasa inadvertido entre los locales y visitantes respetuosos y amantes de los animales. Corresponde demostrar que Puerto Rico es capaz de aliviar el sufrimiento de las criaturas abandonadas o descuidadas, sin vulnerar los principios y regulaciones de la profesión veterinaria.

Las respuestas deben producirse cuanto antes, empezando por el gobierno.