Es inadmisible la insistencia de la Junta de Planificación (JP) en desatender reclamos legítimos de distintos sectores de la sociedad que llevaron a que nuevamente esta semana el Tribunal Supremo de Puerto Rico declarara nulo un reglamento de permisos. Urge que el organismo acoja las recomendaciones ignoradas hasta ahora para hacer viable un procesamiento adecuado de permisos que dé continuidad a la actividad económica del país.

Puerto Rico necesita contar con un sistema de permisos simple, confiable y responsable, que atienda los mejores intereses de todas las partes para que las obras de reconstrucción y el desarrollo por encaminar sean sostenibles. Afecta al estado de incertidumbre actual el tiempo que le tomó al Tribunal Supremo dictaminar sobre la controversia, dos años después de impugnado el reglamento.

En este caso, el gobierno insiste en darle rango de parte interventora a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), cuyo rol es servir como instrumento en los procesos de evaluación y autorización de obras. El Tribunal ha dictaminado que le corresponde a la Junta establecer cuál reglamento pondrá en vigor. No obstante, las agencias han anunciado que solicitarán al máximo foro judicial una reconsideración. Esto prolongaría la controversia por al menos 15 días más, elevando los costos de este litigio que paga el pueblo.

En un claro desafío al Supremo, la Junta insiste en mantener vigente el reglamento anulado por la corte mientras tramita el pedido de reconsideración. Esto tiene el potencial de agravar la confusión con serias implicaciones sobre los permisos que se aprueben sumados a los más de 200,000 ya expedidos, en caso de que la corte se reafirme en su decisión. Hasta el viernes, ninguno de los miembros de la Junta se había expresado sobre este asunto, dejando la portavocía en la propia OGPe y en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Desde 2020 se había advertido de las fallas de las que adolece el Reglamento Conjunto de Permisos que sustituyó al de 2019, anulado también por las cortes, igual que otro anterior de 2015, por incumplimiento de la propia Junta con aspectos procesales.

Las acciones muestran un claro patrón de oficializar documentos deficientes que no han podido pasar el crisol judicial, con la aparente intención de prevalecer representando que así se evita un caos mayor. El mismo precepto aplica a la tendencia de ciudadanos a construir a sabiendas de que no se cuenta con los permisos con la idea de que la razón se resigne y se atenga a lo ya hecho.

El país necesita de la voluntad de las partes en controversia para concertar acuerdos que provean un sistema de evaluación y otorgamiento de permisos ágil y justo para encaminar las obras pendientes. En cambio, van más de tres décadas sin un sistema de permisos que atienda a cabalidad el balance debido entre múltiples intereses, incluidos los ciudadanos y los municipios.

Hay miles de millones de fondos federales en espera de que los funcionarios a cargo de dirigir y administrar la política pública de Puerto Rico asuman su responsabilidad con voluntad de enmienda. Hay que superar la cultura acomodaticia y la sumisión ante intereses particulares para atender con sentido tan práctico como ético el deber ministerial de asegurarle al país un desarrollo que respete y beneficie a todos.

Por el contrario, las acciones administrativas que han llevado a dictámenes judiciales como el de esta semana desestabilizan y paralizan cualquier esfuerzo de desarrollo económico con el consabido impacto económico. Falta saber qué tiene que decir la Junta de Supervisión Fiscal al respecto sin olvidar que la ley federal que la rige se creó para enderezar las flaquezas de gobernanza que terminaron por llevar al país a la quiebra.