El hallazgo, en una auditoría de la Oficina de la Contralora al Laboratorio de Criminalística del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), de más de 76,128 piezas de evidencia sin procesar, refleja una situación de insuficiencias y retrasos en el sistema de investigación criminal que sigue afectando la administración de la justicia y la lucha contra la impunidad en Puerto Rico.