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Agilidad y rigurosidad para el regreso seguro a las aulas

La orden ejecutiva que decreta un estado de emergencia en las escuelas públicas en Puerto Rico, y agiliza iniciativas que permitan comenzar las clases presenciales en marzo, refleja la voluntad de estabilizar el sistema educativo, paso necesario en la creación de las circunstancias que faciliten el desarrollo integral de la niñez puertorriqueña.

Al firmar la orden ayer, el gobernador Pedro Pierluisi subrayó la meta de lograr una apertura parcial y gradual de los planteles que cumplan con los protocolos de prevención del COVID-19 establecidos por el Departamento de Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Es relevante que el gobierno reconozca como un aspecto fundamental el garantizar el reingreso de alumnos y maestros a aulas seguras, a la luz de criterios determinados por las autoridades salubristas que han atendido el desafío que representa el virus.

La directriz ejecutiva surge ante la pertinencia de que los estudiantes de nivel elemental y secundario puedan retomar estudios presenciales, ante los efectos adversos del prolongado distanciamiento físico en el estado emocional y el desempeño académico. A esos efectos, expertos de las ciencias de la conducta humana recomiendan la reanudación de actividades que permitan interacción con sus pares y maestros en las escuelas, dentro de los establecidos parámetros de seguridad.

En Puerto Rico, la alternativa de educación virtual no ha resultado efectiva para todo el estudiantado, debido a deficiencias de conexiones cibernéticas en ciertas regiones, entre otros factores. Además, las medidas para encaminar otras modalidades de estudio en el hogar no necesariamente han garantizado el mayor aprendizaje.

Es atinada la iniciativa del ejecutivo para agilizar los procesos de compras y contrataciones que habiliten las escuelas a corto plazo. Sin embargo, será crucial que la gestión se realice mediante procedimientos rigurosos, transparentes y de rendición de cuentas que cierren la puerta a transacciones onerosas, guiadas por favoritismos o cuyos proponentes incumplen con los requisitos de contratación. Es imperativo cerrarle el paso a la pérdida de fondos públicos y al deterioro operacional que han afectado la confianza en el sistema educativo.

La supervisión rigurosa tiene que imperar en todas las etapas del esfuerzo de revitalización escolar. Ello incluye que la Oficina de Gerencia y Presupuesto ejecute los controles pertinentes para hacer viables nuevos contratos o compras de emergencia por el término de cuatro meses establecido en la orden ejecutiva. Además, será clave que la Administración de Servicios Generales y otras agencias con responsabilidad en asuntos vinculados a la operación de las aulas cumplan con los ordenamientos legales estatales y federales.

En el pasado, la pobre gestión administrativa ha propiciado contrataciones indebidas o de poco rendimiento en el Departamento de Educación. Las deficiencias incluyen el desembolso indebido de $84 millones en nómina. Esta situación llevó a la Junta de Supervisión Fiscal a retener $30 millones de la partida de remuneración de la agencia.

La Junta tendrá injerencia en la fiscalización de las contrataciones urgentes y otras iniciativas de impacto fiscal vinculadas a la emergencia promulgada ayer. Es crucial lograr una interacción productiva entre el ente fiscal y el gobierno local.

Paralelo a la habilitación de las aulas, el ejecutivo y el legislativo deben trabajar en conjunto para lograr estabilidad de liderazgo en el Departamento de Educación. La comunidad escolar, y todo el país, requieren que se preste la atención adecuada a la compleja agenda educativa que es central para la recuperación de Puerto Rico. Retomar las clases presenciales y atender debidamente las necesidades de la zona suroeste afectada por los sismos están entre los aspectos de mayor urgencia.

En tal sentido, es imperioso que el Departamento de Educación cumpla con la directriz federal de designar al monitor responsable de supervisar el manejo de los recursos. La liberación de partidas esenciales para mejorar los servicios educativos depende del uso eficiente de los dineros de la agencia.

Encaminar de forma segura el regreso gradual a las escuelas públicas puede contribuir a forjar un sistema con procesos eficientes que abone al bienestar y desarrollo cabal del capital humano de Puerto Rico.

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