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Alto a inversiones falsas que timan a adultos mayores

Los ciudadanos en Puerto Rico deben ejercer cautelas mayores para detectar y rechazar cualquier esquema de inversiones fatulas mercadeadas con la falsa promesa de lograr mayor rendimiento de capital, como el establecido por un individuo que estafó a cientos de personas estructurando un sistema piramidal que ofrecía productos financieros fraudulentos.

Esta lamentable experiencia debe mover a los sectores público y privado a intensificar la orientación para prevenir los timos que se alimentan del capital ciudadano devengado mediante el trabajo y las inversiones honestas. Las autoridades, en particular, deben asegurarse de que estas agresiones contra la confianza y la buena fe de la gente no queden impunes.

La sentencia de 11 años de prisión impuesta a Carlos Maldonado Vargas, por un fraude cuyas víctimas principales fueron adultos mayores, incluye una orden de restitución de $1.9 millones para subsanar en parte los daños a 46 perjudicados. Algunas de estas personas perdieron los ahorros de su jubilación, y sufren precariedades que menoscaban su salud y seguridad.

La drástica pérdida de dinero, y el riesgo de impago de bienes debido a la insolvencia propiciada por las estafas, pueden evitarse con orientación útil sobre cómo identificar y evadir a esos criminales. El objetivo es no caer en las artimañas de timadores que entablan comunicaciones con personas susceptibles a engaños para obtener su información personal y/o inducirlas a endosar autorizaciones escritas o transacciones de otra índole.

En tal sentido, son valiosas las campañas con recomendaciones preventivas de entidades como la Asociación de Bancos, y las iniciativas que la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA) y otras entidades públicas encaminan. En medios impresos y digitales, estas organizaciones presentan estrategias de cautela para el manejo de la información bancaria. Llaman a no incurrir en riesgos, tales como prestar las tarjetas de débito o crédito o revelar las contraseñas, incluso a allegados. Es imprescindible ser receptivo a estas comunicaciones y procurar información protectora adicional.

La explotación financiera tiene múltiples vertientes. Incluye esquemas elaborados, como engañar a clientes con falsos documentos de inversión, entre otros fraudes cometidos por personas inescrupulosas que tienen cierto conocimiento financiero. También ocurre cuando familiares se apropian del dinero de algún miembro de la familia en situación de vulnerabilidad, mediante engaño, coerción y/o falsificación de documentos.

La OPPEA ha registrado un alza de querellas por este tipo de delito desde 2016. De 2,200 ocurridas ese año, se elevaron a 3,613 en 2017. En 2018 hubo 3,383 denuncias. De las querellas registradas de 2020 a 2021, en 1,617 casos se identificaron a familiares o vecinos como los sospechosos de incurrir en conducta delictiva. Al presente se mantiene una tendencia alcista en este tipo de crímenes.

Es sumamente necesario reforzar la investigación de estos fraudes y la colaboración de las instituciones bancarias, cooperativas y financieras para prevenirlos. Los ciudadanos, por su parte, deben examinar con regularidad sus estados de cuenta y, ante cualquier irregularidad, procurar orientación confidencial en las instituciones donde tengan sus ahorros o inversiones.

Ha sido atinado que la Oficina del Comisionado de Seguros ordenara a las aseguradoras y los proveedores de servicios de salud adoptar un protocolo estándar sobre prevención, detección y reporte de casos potenciales y/o reales de explotación financiera.

Mientras, debe considerarse como disuasivo adicional aumentar las penas por ese tipo de delito como se ha propuesto en la legislatura. Desde 2020, en Puerto Rico existe la Ley Especial para la Prevención de la Explotación Financiera contra Adultos Mayores, que aplica también a ciudadanos con limitaciones cognoscitivas u otras condiciones especiales. Las clínicas legales universitarias y organizaciones como Ayuda Legal Puerto Rico pueden ser recursos de apoyo para las personas de escasos recursos.

Es imperativo robustecer las iniciativas del sector público y privado para hacer frente a los delincuentes que sangran las finanzas personales, sobre todo de los trabajadores o empresarios jubilados. Ese apoyo, unido al celoso resguardo ciudadano de sus informaciones y ahorros, son barreras contra los estafadores, a los que hay aplicarles el mayor peso de la ley

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