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Alto a la desvalorización de las mujeres en Puerto Rico

Puerto Rico tiene que combatir con ahínco la desvalorización de la mujer ante los hombres y la sociedad. Normalizar instancias de violencia contra las mujeres, al pretender restringirles su libertad a decidir sobre sus cuerpos, cómo vestir, cuándo salir, qué hacer o con quienes relacionarse, son actitudes que prolongan el problema social del machismo y nos cuestan vidas.

En un compromiso de justicia social que concierne a todos resulta imperioso promover el respeto y la máxima protección para erradicar escenarios de alta violencia en el que niñas, jóvenes, mujeres adultas y ancianas están expuestas a ser revictimizadas, si se les responsabiliza de lo ocurrido cuando son agredidas verbal o físicamente. Por ello, expresiones recientes de algunos legisladores y legisladoras generan profunda preocupación en un país que intenta enfrentar con un estado de emergencia el sinsentido de la violencia de género.

Consternan e indignan particularmente expresiones en las que se ha sugerido que la vestimenta de una mujer podría ser un factor que fomente su acoso en la calle o en otras circunstancias en las que sean tratadas de manera violenta o irrespetuosa.

En Puerto Rico, la cultura de la inequidad de género no solo nos arrebata las vidas de las mujeres y de la niñez que queda huérfana y marcada para siempre por tantas tragedias familiares. Estos terribles episodios también traen a la palestra la necesidad de atender desde la infancia una educación que evite las conductas de menosprecio y violencia contra las mujeres. Así, el país verá como caen las dramáticas cifras de las víctimas del machismo enfermizo y, por el contrario, debiera emerger una conciencia de equidad y respeto a partir de hombres que sean compañeros solidarios, corresponsables en la tarea de atender un hogar y criar; en vez de terminar muchos de ellos presos o muertos por agredir y arrebatarles oportunidades y vidas a sus parejas.

Es hora de salvar a las nuevas generaciones de la falacia que representa esa visión desigual y, por lo tanto, injusta. Todas las personas tienen los mismos derechos y todas deberían disfrutar de las mismas libertades, empezando por la de vivir y ser felices. Lo contrario, es regresar al oscurantismo.

De ahí la urgencia de combatir con educación las múltiples manifestaciones de violencia que tristemente se observan, incluso, desde posiciones de privilegio en la rama legislativa. Algunos, desde la doble concesión que les otorgan ser hombres en un cargo público, han dicho sin reparos y en pleno siglo 21 que el sitio de la mujer es la casa o les han atribuido graves acusaciones porque no comulgan con sus criterios, pese a que nunca han experimentado en carne propia las circunstancias que juzgan. Pero aún mujeres utilizan sus puestos públicos para perpetuar una visión que pretende mantener a las mujeres como seres sometidos, ciudadanas de segunda categoría.

El machismo promueve la violencia y se alimenta de ella ante la falta de razón. Lo vemos en acción en el debate político, que idealiza con una percepción de más fuerte a quien más ataque al contrario, al que más grite o al que más intimide. Lo hemos visto en acción en el trato hostil como el que recientemente se recibió a una médica, entre otros ponentes que han citados a vistas públicas para determinar si se justifican las propuestas del Proyecto del Senado 693 en torno a mayores restricciones del aborto en Puerto Rico.

En nuestra sociedad democrática, ni en espacio alguno, nadie tiene derecho a maltratar a nadie para imponer sus creencias ni sus estilos violentos. Desde la legislatura, quien pretenda representar a un sector de los ciudadanos con derecho legítimo a opinar, tiene la responsabilidad de hacerlo desde el respeto y una apertura genuina al diálogo que nutre nuestra gobernanza.

Al ejecutivo, mientras, corresponde poner la acción donde pone la palabra. A más de un año de que esta administración reconoció de entrada la situación de crisis e inseguridad en que se encuentran las mujeres en Puerto Rico, en el contexto de esta emergencia por un estado de violencia de género, es necesario que ponga en vigor estrategias concretas con sentido de urgencia e impida leyes que revierten avances hacia ese objetivo, centrado en una mejor convivencia y justicia social para todos.

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