El triste caso del paciente mental Jonathan López Jiménez, reportado el 17 de junio en este periódico, destapa, una vez más, una gravísima falla en nuestro ordenamiento de justicia penal que ha llevado a tragedias similares durante años y que requiere atención y acción urgente por parte del gobierno.

López Jiménez, de 24 años, fue diagnosticado a los 18 con esquizofrenia paranoide, una de las enfermedades mentales más graves. A consecuencia de su condición, ha tenido comportamientos beligerantes y amenazantes con familiares y vecinos.

A pesar de que todos saben que sus actuaciones son consecuencia de su enfermedad, la única respuesta del Estado a sus problemas ha sido el sistema penal, lo que lo ha llevado en cuatro ocasiones a la cárcel. En una de ellas, casi muere por una condición intestinal que, al parecer, no fue tratada a tiempo. Actualmente, está preso desde diciembre del año pasado sin que exista un veredicto en su contra.

Su caso, vergonzosamente, no es único. Durante años ha habido personas con enfermedades mentales encarceladas indefinidamente sin juicio, por una razón muy sencilla: el gobierno no ha tomado a esta población en serio y, por lo tanto, no ha asignado los recursos necesarios para determinar en un tiempo razonable la capacidad de una persona para enfrentar juicio y, de no ser procesable, canalizarla hacia el tratamiento adecuado en el ámbito civil, como dice la ley.

El gobierno tampoco ha desarrollado los protocolos ni provisto los recursos para que pacientes mentales en crisis, sean atendidos en el ámbito médico y no en el penal. El caso de Jonathan lo ilustra como pocos: cuando sus familiares pidieron ayuda para atender a un esquizofrénico en plena crisis, el Estado se lo llevó a la cárcel y no a un hospital.

Los periódicos están repletos de relatos de intervenciones policiacas con pacientes mentales que terminan en tragedia. La más reciente ocurrió el 16 de mayo. En esa fecha, se le imputa a la Policía la muerte de un exmilitar que sufría una crisis psicótica en Utuado.

Puerto Rico no puede seguir tolerando esto. El trato que reciben los pacientes mentales en el sistema de justicia penal es injusto, inhumano y cruel. Urgimos al gobierno a darle a este tema la importancia que merece y a atenderlo con determinación.

Existen varias formas de comenzar a abordar el problema. La Asamblea Legislativa aprobó una medida de los legisladores María de Lourdes Santiago y Adrián González, que prohibiría el encarcelamiento por más de seis meses —el máximo que permite la Constitución para enjuiciar a un acusado— de personas que esperan por una determinación sobre su procesabilidad.

La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) estima que actualmente hay más de 200 reos con problemas mentales encarcelados definitivamente porque en el 2010 el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que el término de seis meses se interrumpe mientras se dilucida su capacidad para enfrentar juicio. Invitamos a la gobernadora Jenniffer González a firmar este proyecto.

También urgimos a aumentar la capacidad de camas en los hospitales de psiquiatría forense, para evitar que los acusados tengan que esperar meses —o incluso años— por atención. Aplaudimos los planes de la Administración de Servicios y Salud Mental (Assmca) de abrir un nuevo hospital de siquiatría forense en Ponce, el cual tiene ya dinero asignado y está en etapa de diseño.

Del mismo modo, es imprescindible que el gobierno revise los protocolos de intervención en crisis de salud mental, de manera que no sean solo policía quienes respondan a estos casos.

Estas son medidas factibles que, sin duda, contribuirían a reducir el enorme sufrimiento humano relacionado con este problema. Pero hay otra tarea urgente que interpela a toda la sociedad: el paciente mental no es un criminal, sino una persona enferma, y en todos los ámbitos de la vida colectiva debemos entenderlo y tratarlo como tal.

Comprendiendo ese hecho tan elemental, el resto empieza a caer en su sitio.