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Anacronismo que vulnera la equidad en el deporte

La crisis surgida en el voleibol femenino tiene que resolverse reivindicando a sus protagonistas: las mujeres que tienen derecho a aspirar a una carrera sin menoscabo de su integridad física y mental. Esta es una exigencia de los tiempos presentes, y desde luego del futuro, a la que todos debemos adaptarnos. Los dirigentes deportivos no pueden ser menos.

Si súbita fue la decisión de otorgar el campeonato de la Liga de Voleibol Femenino al equipo de las Criollas de Caguas, en ausencia de las Sanjuaneras de la Capital, que no salieron a la cancha en señal de protesta, más lentas de digerir han sido las razones que esgrimió la Federación Puertorriqueña de Voleibol para justificar una acción irracional.

Negarse a que una jugadora embarazada fuera sustituida por otra no tiene más explicación que una concepción prejuiciada que tiende a “castigar” a las mujeres que se embarazan. Como si fuera poco, encima castiga a las que juegan con ella.

La terca interpretación del reglamento, que no considera el embarazo una “lesión” —y en efecto, no lo es—, dio paso a que el presidente de la Federación de Voleibol, César Trabanco, concluyera que una embarazada no tiene derecho a ausentarse de un juego, ni siquiera para evitar los daños que puede ocasionarle una actividad física fuerte, y si se ausentara, no puede ser sustituida.

El reglamento, sin duda, fue concebido pensando en los varones, algo que ha debido tomar en cuenta la Federación a la hora de emitir un veredicto en un caso tan delicado, donde se coacciona a la dirigencia de un equipo y a las mujeres que lo componen.

Las Sanjuaneras de la Capital habían pedido el reemplazo de la jugadora Destinee Hooker-Washington, quien explicó que presentaba un embarazo de alto riesgo y no quería ni podía exponerse. Ni siquiera tenía que ser de alto riesgo para comprender que una mujer con las molestias de los primeros meses de gestación probablemente no rendiría lo mismo en la cancha, lo que de entrada significa una situación de desventaja para el equipo.

Lo más lógico, en ese caso, es que las Sanjuaneras solicitasen una sustitución, a la que se negó la Federación de Voleibol, suscitando un debate que, no por necesario, deja de ser penoso y anacrónico.

Que a estas alturas de nuestra evolución como seres humanos, cuando estamos inmersos en una batalla contra las expresiones machistas de cualquier tipo, salga una entidad deportiva a imponer las condiciones de un reglamento obsoleto, que niega la validación de una mujer como futura madre y dueña de las decisiones que preservan su embarazo, es un error que debe corregirse de inmediato.

Independientemente de la decisión que tome el tribunal de primera instancia que vería mañana viernes la demanda incoada por las Sanjuaneras, es obvio que la Federación de Voleibol le debe una explicación al país. No hay una sola familia en Puerto Rico que no se sienta aludida por una situación como la que se ha planteado.

Debemos resaltar que la solidaridad en un escenario como ese, no solo debe partir de la opinión pública —que está indignada–, sino también desde los círculos deportivos, en todas las disciplinas, equipos de hombres y mujeres que han debido tomar posición junto a las Sanjuaneras.

Las Criollas de Caguas no son responsables de las circunstancias que llevaron a la suspensión de las Sanjuaneras. Pero debieron rechazar un trofeo tan fácil y maculado por la ausencia de unas rivales que no se presentaron, no porque no quisieran, sino para defender los derechos de todas, en el voleibol y en cualquier otra disciplina deportiva.

Un aspecto quizá sea positivo en toda esta discusión: la conciencia de que, contra viento y marea, se rechaza la violencia de género y se impone la igualdad que tanto necesitamos en Puerto Rico.

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