💬

Ante el desafío de rescatar la credibilidad de la CEE

Al aceptar el reto de dirigir la Comisión Estatal de Elecciones, en el momento de peor desempeño de esta entidad, sus nuevos presidente y presidenta alterna se han comprometido a rescatar la credibilidad erosionada del sistema electoral de Puerto Rico. Cuentan con el reclamo colectivo de que ese propósito trascendental tenga éxito.

En sus primeras declaraciones tras juramentar el martes, los jueces Francisco Rosado Colomer y Jessika Padilla Rivera, presidente y presidenta alterna de la CEE, respectivamente, no han perdido tiempo en identificar la urgencia de devolverle a los electores la confianza en el sistema responsable de custodiar el derecho fundamental al sufragio. Su mayor desafío a corto plazo es lograr que las elecciones generales se celebren sin contratiempos en la fecha estatutaria del 3 de noviembre.

Los nuevos funcionarios han recibido la aprobación unánime de los comisionados electorales de los cinco partidos políticos inscritos luego de un proceso abierto de análisis de candidatos y deliberación. Dicha carta de presentación, sumada a las credenciales de ambos jueces, ha devuelto alivio al país luego de un mes de incertidumbre y desasosiego en el plano electoral.

Particularmente, el trasfondo de Rosado Colomer en la ingeniería industrial supone un valor añadido para ejercer su misión de poner en marcha con eficiencia un organismo complejo y burocrático. En esa dirección, ambos han destacado su intención de compartir responsabilidades y delegar funciones, elementos indispensables del trabajo en equipo. No obstante, han surgido señalamientos de que la ley electoral establece que las funciones del presidente son indelegables.

La observación debe ser parte del análisis necesario e ineludible que debe hacerse sobre el alcance y las serias deficiencias de la nueva ley electoral. Ese análisis debe conducir a una revisión profunda del estatuto, impuesto sin consenso y a toda prisa en medio de la pandemia del COVID-19, a solo meses de la elección general.

Por otro lado, si bien ninguno de los nombrados tiene experiencia en asuntos electorales, el presidente ha abierto las puertas para recibir asistencia de conocedores del tema sufragista. Hace muy bien. El hermetismo y la prepotencia que opacaron la gestión de la CEE en los últimos meses son enemigos de la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad esenciales en una institución que sirve de plataforma a la democracia.

De inmediato, la CEE tiene que ponerse al día con el calendario de trabajo para asegurar la impresión puntual de las cuatro papeletas que se presentarán a los electores y las coordinaciones para preparar los colegios de votación. Todos los componentes del sistema electoral tienen que remar en una sola dirección: la de colaboración total con Rosado Colomer y Padilla Rivera en el bien común de robustecer el sistema electoral. Esa tarea compete también al liderato de los partidos políticos, con el peso mayor de la responsabilidad, según la nueva ley, sobre la dirigencia del gobernante Partido Nuevo Progresista.

Este miércoles, el pleno de la CEE ha discutido los reglamentos que estaban sin aprobar, incluidos el del voto adelantado y el del voto ausente que han generado preocupación. Las banderas de alerta tienen que ver con las garantías de fiscalización que se establecerán sin menoscabar al derecho de los electores que soliciten esas modalidades de voto.

Representantes de partidos minoritarios han advertido, desde la radicación del proyecto de ley electoral, que, al abrirse las categorías del voto adelantado por correo se abren también posibilidades de fraude. Los protocolos que se establezcan tienen que evitarlo. Hasta el miércoles, la CEE desconocía cuántas personas han solicitado el voto adelantado, oportunidad que tiene como plazo el próximo lunes 14 de septiembre.

En la carrera por ordenar una institución sacudida por la indolencia y la ineptitud, los ojos del país estarán puestos sobre el desempeño de los dos jueces responsables de asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho democrático con sosiego y confianza en la fecha dispuesta.