La asignación de $31 millones de fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) puede dar un impulso importante al sector de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que generan alrededor del 46% del empleo privado en Puerto Rico.

En 2016 se estimaba que las pymes aportaron cerca de un 13% al producto interno bruto del país. Para entonces, tenían una nómina acumulada de $4.7 millones. No obstante, los eventos de los pasados años - huracanes, terremotos y pandemia - han diezmado a este sector generalmente basado en capital local.

Como parte de una primera ronda de distribución de fondos CDBG-DR, tres proyectos de incubación y aceleración recibieron $9 millones. En una segunda ronda, el gobierno otorgó $22 millones a doce entidades con el mismo propósito. Es preciso acompañar el otorgamiento de los fondos para la recuperación con iniciativas integradas que provean a las organizaciones recipientes las herramientas para obtener el mejor beneficio de las partidas.

Como parte del programa de incubadoras y aceleradoras para fomentar el emprendimiento, las organizaciones seleccionadas tienen, a su vez, la encomienda de guiar y potenciar otros negocios, lo que supone un efecto cascada en la economía.

Según análisis económicos, las Pymes crean un empleo por cada $100,000 que generan en ventas. El secretario designado de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, ha reconocido que proveer a las Pymes acceso ágil y rápido a los permisos debe ser una de las prioridades para ayudar a este sector.

Al menos desde enero, el gobierno alteró el orden de los procesos para emitir primero los permisos mientras se realizan las inspecciones de rigor para proveer la autorización final. La agilidad y eficiencia permitirán que los emprendimientos, desde aquellos esfuerzos de autogestión individual o comunitaria hasta los negocios ya establecidos puedan operar sin mayores contratiempos para crear empleos.

Se trata de esfuerzos que apuntan en la dirección correcta, pero hace falta más.

Ahora que Puerto Rico comienza a estabilizarse, es importante determinar cuál es el escenario real de las Pymes hoy, tras las emergencias recientes, y qué se necesita para ayudar a que aquellos comercios que tuvieron que cerrar puedan recuperar sus operaciones. Asimismo, será necesario desarrollar programas de adiestramiento para dar apoyo a trabajadores que tras perder sus empleos interesan echar a andar sus planes de negocios.

Con los fondos provistos por el gobierno federal, urge crear un clima propicio para incentivar los emprendimientos locales, particularmente en áreas que atienden necesidades urgentes de la población. Es el caso, por ejemplo, de servicios dirigidos a fortalecer la seguridad alimentaria, o a acompañar y brindar alternativas de recreación, bienestar y entretenimiento para los adultos mayores. Por otro lado, harán falta proyectos empresariales que sirvan de apoyo a las jefas de familia, así como a los proyectos de reconstrucción que se avecinan.

También es fundamental identificar de forma estratégica qué servicios y actividades comerciales tienen el potencial de servir como eslabón en la cadena productiva en las regiones, en particular, en la zona suroeste afectada severamente por la actividad sísmica del año pasado.

La Ley 62 de 2014 clasifica a las Pymes según ingresos y cantidad de empleados. Las microempresas generan ingresos menores de $500,000 anuales y cuentan hasta con siete empleados. Los comercios pequeños obtienen ingresos menores de 3,000,000 anuales y tienen hasta veinticinco empleados, mientras que los medianos comerciantes generan hasta $10 millones y emplean hasta cincuenta personas. Cada una tiene un efecto multiplicador que favorece la movilidad económica de miles de familia.

Además del apoyo del gobierno mediante programas y la inversión de fondos federales para la recuperación, las Pymes necesitan del auspicio de todos, incluyendo las compras públicas.

Contar con una red sólida de Pymes con visión estratégica puede servir como vehículo para reducir la inequidad y propiciar el desarrollo sostenido de Puerto Rico.