La proliferación de casos de fraude a la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA), cometidos por personas que se habrían apropiado ilegalmente de fondos federales destinados a mitigar las penurias del pueblo puertorriqueño durante la pandemia del COVID-19, requiere una respuesta contundente y aleccionadora.

El robo de dinero público resulta doblemente abyecto cuando se trata, como se perfila en esta circunstancia, de la asignación de la llamada Ley Cares, ascendente a $2,000 millones y destinada a aplacar las necesidades de quienes lo pasaron tan mal durante la pandemia.

Se trató de familias enteras que se quedaron sin ninguna entrada económica; dueños de pequeños negocios que se vieron obligados a cerrar o limitar al máximo sus operaciones; seres humanos que incluso enfrentaron enormes sufrimientos, bien por las secuelas físicas del COVID, o por el impacto psicológico de verse encerrados durante meses.

Para ayudar a esas personas, que sí lo necesitaban, se pusieron a disposición de Puerto Rico esos fondos.

Sin embargo, incluso ante ese panorama, donde se confundían el miedo y la ansiedad de la población, había un puñado de personas inescrupulosas planificando el próximo golpe, como se ha probado en procesos de acusaciones anteriores.

No habría sido por falta de advertencias que los 44 hombres y mujeres contra quienes se emitieron recientes órdenes de arresto, participaron o prestaron sus nombres para cometer una cadena de fraudes, cuyos tentáculos, por lo que se ha sugerido, pudieran alargarse a delicadas operaciones de lavado de dinero.

Una red de la magnitud como la que se les imputa a los principales acusados, entre los que destacan un entrenador de béisbol, un vicepresidente bancario, y otro sujeto que, si no era contable, al menos se presentaba como tal, apunta a un operativo de fraude al PUA de proporciones amplias.

De probarse los cargos, quedaría tristemente demostrado que el deporte no es un antídoto absoluto contra la delincuencia. Han sido arrestados entrenadores, peloteros y un maratonista.

Algunos de los acusados tenían un porvenir brillante o por lo menos de estabilidad dentro de los equipos de béisbol de aquí y del extranjero. Es muy triste pensar que optaron por involucrarse en un negocio turbio. Aquellos a los que se les adjudica posiciones de poder en el entramado criminal, también gozaban de cierta autoridad moral por los cargos que ostentaban dentro de las estructuras deportivas, detalle que pudiera haber sido de peso para captar e influir a otros miembros de la organización.

De acuerdo con las autoridades, cada vez que alguien se unía al grupo generaba un promedio $20,000 mediante declaraciones fraudulentas a la Administración de Pequeños Negocios (SBA) u otras instancias federales. De esa suma, supuestamente separaban entre $3,000 y $5,000 para entregárselos a los “cerebros” del esquema.

El país ha quedado conmocionado ante esta nueva ronda de acusaciones federales por fraude al PUA. La lista de los acusados no está compuesta por nombres desconocidos como en ocasiones anteriores, sino por personas que han despuntado como líderes deportivos o atletas en sus respectivas disciplinas o comunidades; en fin, personas en las que otros han depositado su confianza.

Motivo de reflexión y de vergüenza colectiva son estas acusaciones de las que cada persona imputada tendrá derecho a defenderse en virtud de la presunción de inocencia. Pero lo cierto es que por ahora representan un terrible ejemplo para la joven generación a la que pertenecen muchos de los acusados.

A las familias y las instituciones formativas en Puerto Rico corresponde fortalecer con ahínco los valores positivos entre las generaciones más jóvenes para evitar su extravío hacia las redes de a corrupción.