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Asegurar la salud para superar la emergencia

El terremoto que afectó de forma significativa el suroeste de Puerto Rico nos coloca de cara a la necesidad de revisar los planes de respuesta sanitaria para garantizar la prestación de servicios, por parte de los sistemas de salud público y privado, tras una emergencia mayor.

Ello incluye de forma prominente asegurar la continuidad de las funciones de salud esenciales para las personas desplazadas de sus hogares y para aquellas con dificultad de traslado desde sus viviendas. Los servicios prioritarios incluyen los centros de diálisis que, tras la experiencia del huracán María, deben contar ya con contingencia energética en caso de interrupción del servicio de electricidad público. La misma previsión aplica a las entidades que atienden a ancianos y pacientes encamados.

Es igualmente prioritario reforzar los protocolos para proveer tratamientos y medicamentos a las pacientes con condiciones crónicas, muy en particular a los adultos mayores, niños y discapacitados.

La consejería de profesionales de salud mental se vuelve particularmente pertinente tras los golpes de la naturaleza. En este esfuerzo se requiere con urgencia la aportación de las universidades y organizaciones especializadas en las distintas disciplinas de la conducta humana. Su movilización organizada a los pueblos más afectados por el terremoto es crucial.

Es necesario poner en marcha medidas sanitarias que promuevan el bienestar general y eviten la propagación de contagios en los refugios o campamentos que albergan a personas que carecen de hogar o lo consideran inseguro.

Mientras se atiende con premura las necesidades salubristas en el suroeste, el gobierno, con apoyo de la empresa privada y la academia, debe completar con rigor la inspección de las instalaciones hospitalarias. Al igual que la crucial inspección estructural de las escuelas, urge asegurar que las instalaciones que atienden a un gran volumen de pacientes son seguras para continuar operando.

Es momento también para revisar la disponibilidad de especialistas médicos, teniendo en cuenta las reducciones asociadas al marcado éxodo de estos profesionales, según documentado desde 2016. Organizaciones profesionales locales han estimado que en solo tres años abandonaron la isla 8,143 especialistas. El año pasado el Departamento de Salud reconoció la insuficiencia de profesionales de la enfermería. Solo en el Centro Médico de Río Piedras, el gobierno calculó en medio centenar la necesidad de esos recursos claves de apoyo para los galenos.

Sobre el citado centro hospitalario metropolitano recae la responsabilidad primaria de atender a pacientes con traumas. Además, el gobierno ha confirmado la escasez de ortopedas. Corresponde atender la sugerencia reciente de sectores médicos de diseñar un plan especial para el manejo de pacientes con trauma en caso de una emergencia mayor. Reclaman afinar un protocolo abarcador al respecto en el Plan Operacional de Manejo de Emergencias de SaludPública y Servicios Médicos. Esta tarea no debe quedar relegada, al igual que esfuerzos para revitalizar la plantilla médica isleña.

Resulta prometedor que el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, haya puesto a la disposición de Puerto Rico los equipos del Sistema Médico Nacional de Desastres y del Cuerpo Comisionado de Salud Pública.

Al igual que tras la experiencia con el golpe de María, hoy resurge en toda nuestra isla la necesidad de reactivar operaciones de colaboración bien coordinada entre las organizaciones sin fines de lucro, la empresa privada y todos los componentes de las comunidades para procurar prioritariamente la seguridad y la salud de los ciudadanos que han quedado sin hogar.

Puerto Rico ha demostrado su valentía y capacidad de levantarse en la adversidad. Con la solidaridad que nos caracteriza, debemos dar los pasos sólidos que han de fortalecernos ante los fenómenos naturales impredecibles. Proteger la salud tiene que ser el primer escalón.