A dos meses de concluir el primer año del cuatrienio, Puerto Rico enfrenta una tormenta institucional y económica que no es fruto del azar, sino de una cadena de dilaciones sistemáticas y un estilo de gobernanza más vinculado a la estridencia que a los resultados. Así lo evidencia la paralización de proyectos esenciales —energía, infraestructura, vivienda y servicios básicos— que amenazan con convertir la recuperación en una mera ilusión.
Las solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para proyectos de alta necesidad no prosperan. Basta un solo y elocuente ejemplo: el regulador energético ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) iniciar una licitación para sumar entre 2.5 y 3.0 gigavatios de nueva capacidad que estabilice el sistema eléctrico, pero la orden se diluye entre la burocracia y la inacción. Lo mismo ocurre con el resto de la infraestructura crítica: los procesos de Alianzas Público-Privadas se postergan, los plazos se vencen y los fondos aprobados se desperdician.
Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal vive un limbo jurídico: una orden judicial de interdicto preliminar congela cambios, nombramientos y decisiones cruciales, generando parálisis institucional. Fue la remoción abrupta, a instancias del Ejecutivo federal, de seis miembros lo que provocó un conflicto que corre el riesgo de llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo que parece el inicio de otro eterno litigio representa un drama para la economía local: la reestructuración de la deuda de la AEE queda en el aire; las negociaciones con los acreedores y la aprobación de proyectos de infraestructura siguen congeladas. Además, la falta de acuerdos y adjudicaciones ha afectado el clima de inversión y generado enormes retrasos en la ejecución de fondos federales.
El cierre del gobierno federal agrava la situación. La suspensión de servicios, la incertidumbre sobre fondos y la posibilidad de despidos afectan directamente la economía local. Aunque el número de empleados federales en la isla es limitado, la dependencia de programas y contratos federales crea una cadena de problemas que erosiona la liquidez y desalienta la inversión.
Pero la parálisis no proviene solo de Washington. La Fortaleza también está en deuda. De manera incomprensible, siguen vacantes puestos clave en la administración, mientras varios jefes de agencia pierden tiempo y atención en asuntos ajenos a sus verdaderas responsabilidades. La falta de diálogo y coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo se distrae por afanes de protagonismo, en lugar de impulsar una agenda de desarrollo. Mientras el país exige resultados, se aprueban prioridades legislativas desacertadas y alejadas de las urgencias sociales y económicas.
Esta semana hemos asistido a un bochornoso episodio que refleja ese caótico panorama, cuando el Senado aprobó, sin vistas públicas, un proyecto que obstaculiza el acceso a la información pública. Como hemos planteado, no se entiende a qué teme el liderato de la Legislatura, cuando quien gobierna con eficiencia no debe temer jamás a la transparencia. Y en periodos como el actual, la fiscalización es ultranecesaria.
Todo esto ocurre en un país donde se acumulan proyectos que se anuncian pero no se ejecutan. Puerto Rico registra una abundancia de promesas y anuncios banales de inversión pública que mueren antes de nacer. La consecuencia no es solo económica, sino también moral y emocional. Proyectos que se desvanecen como humo terminan por desmoralizar a una opinión pública agotada de escuchar lugares comunes y respuestas vacías.
Frente a este panorama, no bastan los diagnósticos. El gobierno debe actuar con urgencia. La Junta de Supervisión Fiscal tiene que resolver su marasmo legal y poner en movimiento proyectos vitales; el Ejecutivo, llenar vacantes con profesionales idóneos; el Legislativo, replantear sus prioridades con realismo y alejarse de la politiquería; y los jefes de agencia, poner el foco en lo importante y ejecutar.
Este complejo escenario nos tiene al borde de una recesión. Nunca antes habíamos tenido tantas asignaciones monetarias desde el gobierno federal y, a su vez, un menú tan desventajoso con variables que, aunque disímiles, apuntan directo al corazón de una economía quebrantada que no admite renuncias, distracciones ni oportunismos. Este momento requiere unión, diálogo y acuerdos para salir del pantano.
