Las complejas circunstancias de pobreza en las que está sumido el alto número de personas que padecen condiciones de discapacidad o tienen 65 años o más hacen imperativo que las autoridades de Estados Unidos se desprendan, de una vez, de su actitud discriminatoria hacia Puerto Rico, dando paso a medidas de justicia social para la isla, como el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).