La elevada incidencia de accidentes de tránsito con saldo grave o letal en Puerto Rico, causada por factores diversos, hace imperativo encontrar soluciones integrales cuya puesta en vigor debe partir del reconocimiento de la responsabilidad que comparten las autoridades y los ciudadanos.

Las circunstancias de muchos de los incidentes vehiculares fatales incluyen, entre otras, conducir a exceso de velocidad y/o bajo los efectos del alcohol; pobre iluminación y mantenimiento de la vía de rodaje; operar el teléfono celular mientras se está al volante; y negligencia peatonal.

A esos fines, resulta pertinente la iniciativa anunciada por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) para auscultar el sentir de los residentes sobre el estado de las calles y carreteras en sus municipios. Un objetivo es identificar los tramos cuyas condiciones representan serios riesgos para peatones, conductores y otras personas.

Conviene que la CST oriente a ciudadanos en centros docentes, égidas y hogares de cuido para adultos mayores. La colaboración y la retroalimentación de las comunidades pueden ayudar a afinar las estrategias que incrementen la seguridad vial, incluso añadiendo medidas no contempladas por las autoridades.

Hasta el pasado 23 de mayo, este año 118 personas han muerto en accidentes de tránsito, según las estadísticas de la CST. Representan 14 fatalidades adicionales en comparación con la cifra acumulada hasta esa fecha del año anterior. El 30.5% del total de las fatalidades correspondió a conductores, el 28% a peatones y el 21.2% a motociclistas.

En semanas recientes se han registrado graves accidentes en los que adultos mayores han sido las principales víctimas al ser arrollados por vehículos. Para prevenirlos, es preciso que los peatones tomen todas las medidas cautelares, lo mismo que los conductores para poder frenar o evadir al transeúnte a tiempo.

También se ha observado alza en los “hit and run”, es decir, cuando la persona que está al volante huye tras impactar a un transeúnte. Esta conducta abominable tiene que ser castigada con todo el peso de la ley.

Debe enfatizarse la campaña que prohíbe la invasión de los cruces peatonales, una violación a la Ley de Tránsito que conlleva una multa de $150. También es preciso recalcarles a los peatones la relevancia de caminar de frente al tránsito en carreteras que carecen de aceras. Deben utilizar los puentes peatonales y las áreas marcadas para cruzar, cuando la luz del semáforo esté a su favor o, en ausencia de estos, cuando no se aproxima ningún vehículo. Estas medidas de autoprotección realmente salvan vidas.

El pleno cumplimiento de la Ley de Tránsito, enmarcada en la responsabilidad civil, aplica a los conductores y motociclistas. Sin embargo, las conductas ilegales y negligentes, como exceder los límites de velocidad o manejar bajo efectos del alcohol, siguen aflorando como denominadores comunes de accidentes que causan muertes o lesionados.

Un estudio sobre las edades de 252 fatalidades de tránsito ocurridas desde el 2020 hasta el pasado primero de mayo encontró que el 47% eran personas mayores de 60 años. A raíz de esa estadística de la CST, se han llevado a cabo reuniones con AARP Puerto Rico y otras entidades que procuran el bienestar de ese creciente segmento poblacional. El esfuerzo debe traducirse en respuestas ágiles del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Autoridad de Carreteras.

Ambas agencias, al igual que la Policía y la CST, tienen documentación sobre los tramos viales de alta peligrosidad en los que la incidencia de muertes se ha elevado. Estos incluyen segmentos de la PR-172, en Caguas, y las PR-2 y PR-3, las cuales se extienden por el norte, y por zonas del suroeste y sureste, respectivamente. Es inaplazable acelerar los proyectos de mejoras a esas y otras vías.

Culminar las obras de repavimentación, rotulación e iluminación, particularmente en los tramos de mayor riesgo, abonará significativamente a la seguridad de peatones y conductores. A ello debe sumarse la responsabilidad ciudadana, tanto al volante como a pie.