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Contestar el Censo beneficia a Puerto Rico

La información del Censo es la herramienta que el gobierno de Estados Unidos utiliza para definir la distribución de fondos federales que necesitará cada una de sus jurisdicciones, incluido Puerto Rico. Es vital que toda familia y comunidad cumplan con el mandato de responder el cuestionario.

Hasta ahora, la respuesta en Puerto Rico al nuevo Censo decenal ha sido de apenas un 9%. En los últimos 10 años, la isla ha recibido un promedio de $4,808 millones anuales. El Censo permite trazar el mapa que guíe las decisiones de gobierno en cuanto a servicios, inversión en infraestructura y repartición de fondos. Permite al sector privado planificar y decidir dónde invierte. Según las necesidades socioeconómicas, el sector sin fines de lucro puede planificar y recibir fondos para ampliar su oferta de servicios para asistir a quienes más lo necesiten.

El actual bajo nivel de participación podría atribuirse, en parte, a que los formularios apenas comenzaron a repartirse casa por casa desde hace poco más de una semana debido al distanciamiento social relacionado con la pandemia del COVID-19. También, la destrucción de viviendas por los huracanes de 2017 y los terremotos de enero podría dificultar el envío de los formularios a los afectados. El sector sin fines de lucro y los municipios pueden ser instrumentales para contactar a los afectados.

Con las preguntas a la población, el gobierno federal procura conocer, por ejemplo, cuántas personas alquilan vivienda y cuántas son propietarias. Este tipo de información es un indicador de la economía y permite desarrollar políticas públicas relacionadas a programas de vivienda.

Entre los programas principales que utilizan los datos del Censo, para 2015, se destacaron el de asistencia médica, al cual se destinaron $311,805 millones para distribuir a través de todo Estados Unidos y sus territorios. El segundo lugar correspondió al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que no solo impacta a los beneficiarios, sino que ayuda a emplear en la isla a más de 30,000 personas en la industria de alimentos. El tercer programa que más fondos federales recibió en la nación estadounidense, en 2015, fue el Medicare Parte B, que cubre tratamientos con médicos privados, equipo médico y servicios ambulatorios y beneficia a la mayoría de las personas de 65 años o más. Para el año pasado, se estimaba que el 44% de la población en la isla -más de 1.5 millones de personas- era elegible para este beneficio.

Ahora que Puerto Rico tiene ante sí la tarea de encaminar su reconstrucción, los datos del Censo ayudarían a entender, por ejemplo, cuántos adultos mayores viven en la isla y qué servicios sociales y de salud requerirán. Con información de esa índole puede identificarse, entre otras iniciativas, dónde hace falta construir viviendas para esta población y qué oportunidades de generación de empleos ofrecen.

De la información del Censo surgen también decisiones sobre servicios para los menores, que determinan el financiamiento de programas como Head Start, almuerzos escolares y otras divisiones de asistencia nutricional, imprescindibles para mantener la estabilidad y accesos a servicios básicos a la población indigente.

Es importante saber que ninguna persona está autorizada a solicitarle información que pueda ser utilizada para cometer fraude, como número de Seguro Social, número de cuentas o tarjetas bancarias, dinero o información relacionada a partidos políticos. Tampoco se pregunta sobre la condición legal de residencia en la isla. Y la ley asegura la confidencialidad de las respuestas.

Quienes cuentan con acceso a internet, pueden llenarlo directamente a través del portal: https://2020census.gov/es. Quienes no, pueden enviar el formulario por correo, o llamar a la línea de servicio en español: 844-468-2020.

La misión de asegurar la mayor participación poblacional en el Censo es una tarea compartida entre ciudadanos, instituciones sin fines de lucro y gobiernos municipales que, por su cercanía a la gente, pueden servir como plataforma de apoyo al esfuerzo federal para facilitar la mayor cantidad de formularios contestados que sea posible.